El primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, admitió hoy la legitimidad de algunas de las demandas de los manifestantes suníes, que protestaron esta semana en varias zonas del país, y se comprometió a atenderlas personalmente.

Un comunicado emitido por la oficina de Al Maliki aseguró que el primer ministro ha recibido a una delegación integrada por varios notables suníes, entre ellos el muftí de la comunidad suní, Mehdi al Sumaidai, para estudiar sus esfuerzos de diálogo con los manifestantes y responder a su reivindicaciones.

Al Maliki subrayó durante esa cita que algunas de las demandas de los manifestantes son "legítimas", sobre todo las relacionadas con los asuntos de los detenidos, y se comprometió a seguir personalmente la respuesta de su Ejecutivo a esas reivindicaciones.

El jefe del Gobierno iraqu? exigió a los ulemas suníes que formen un comité que incluya, además de a ellos, a jueces para iniciar investigaciones en las prisiones y centros de detención para evaluar los problemas y repararlos inmediatamente.

Por su parte, los miembros de la delegación confirmaron que comenzarán a recopilar nombres y las quejas para estudiarlas y tomar las medidas necesarias.

Mientras tanto, los manifestantes en la provincia de Al Anbar, en el oeste de Irak, rechazaron negociar con el ministro de Defensa, Saadun Dulaimi, que llegó hoy a la sede del Mando de Operaciones en esa región, y pidieron que este se desplace a la plaza donde se manifiestan para negociar con ellos.

El Consejo de la provincia de Nínive, en el norte del país, dio hoy tres días al Gobierno central para que responda a las demandas de los manifestantes, declaró una huelga general en los departamentos públicos y amenazó con una dimisión colectiva de sus miembros si no se responde a las reivindicaciones de los suníes.

Las manifestaciones y sentadas, que comenzaron hace seis días, continuaron hoy en algunas regiones suníes en Irak, sobre todo en la provincia de Al Anbar, tras la detención de guardaespaldas del ministro de Finanzas, Rafia al Isaui.

Los manifestantes exigieron la liberación de esos guardias y la liberación de los detenidos, sobre todo las mujeres, así como la reforma del proceso político, y acusaron al Gobierno de marginar a los suníes.