Costa Rica dejará de ser, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el único país de América donde está prohibida la fecundación in vitro (FIV), una medida que durante doce años ha "violado los derechos a la vida privada y familiar y los derechos reproductivos".

La sentencia del máximo tribunal continental, anunciada la noche del jueves, deja sin efecto una resolución de la Sala Constitucional costarricense, que en el año 2000 prohibió la FIV por considerar que atenta contra la vida humana, al desechar algunos óvulos fecundados.

El fallo de la CorteIDH fue recibido con júbilo por las 18 parejas que años atrás interpusieron la demanda contra el Estado, mientras que el Gobierno indicó rápidamente que acatará la sentencia al pie de la letra.

"Como corresponde en un Estado de Derecho, respetamos y acataremos (el) fallo de la CIDH sobre FIV", dijo lacónicamente la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a través de su cuenta de Twitter desde Guatemala, donde hoy participa en las celebraciones por el cambio de la era maya.

Sin embargo, las posiciones en el país, entre los defensores y detractores de esta técnica, continúan divididas.

Mientras las parejas afectadas y grupos defensores de los derechos humanos celebraron el fallo, colectivos religiosos y conservadores lamentaron la decisión de los jueces.

La procuradora de la República, Ana Lorena Brenes, quien actuó como representante del Estado ante la Corte, dijo estar "sorprendida" porque "se condene a Costa Rica por haber tutelado la vida del embrión fuera de la mujer".

"Era un tema muy controversial, pero sostenemos nuestra tesis de que el embrión tiene un derecho a la vida", reiteró Brenes.

Mientras tanto, Boris Molina, abogado de los demandantes, calificó la sentencia como "histórica" y aseguró que esto cambiará la vida de al menos 15.000 parejas que sufren de infertilidad y que esperan la oportunidad de someterse a la FIV en el país.

"Finalmente la FIV y otras técnicas de reproducción asistida tendrán que ser respetadas y apoyadas por el Estado, finalmente las personas más humildes que padecen infertilidad tendrán la oportunidad de tener un hijo en su propio país y bajo el sistema de seguridad social", subrayó.

La sentencia destaca que con la prohibición de la FIV se ha afectado el "derecho a la vida privada y familiar, los derechos reproductivos y a la integridad personal", pues "la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada e incluye la decisión de serlo en el sentido genético o biológico".

Según la Corte, "el hecho de que las víctimas tuvieran que interrumpir sus tratamientos médicos o viajar a otros países para poder acceder a la fecundación in vitro (debido a la prohibición del 2000), constituyó una interferencia en su vida privada y familiar".

Además, los jueces consideraron que "las víctimas que tuvieron que viajar a otros países se vieron expuestas a cargas desproporcionadas que no surgen cuando se puede acceder a la FIV en el propio país".

La base de la polémica en Costa Rica era la consideración de un embrión como una persona, con los mismos derechos jurídicos, pero la CorteIDH negó que "el embrión pueda o deba ser tratado jurídicamente de manera igual a una persona".

La sentencia ordena al Estado que incluya gradualmente la FIV en los programas y tratamientos de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que esté al alcance de toda la población y que informe a la Corte, en un plazo máximo de seis meses, cuáles serán las medidas que se adoptarán para garantizar la práctica.

Para la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, "la condena al país era un hecho", pues varios organismos ya habían advertido sobre la violación a los derechos humanos que representa su prohibición.

"Hoy podemos reiterar que la fertilización in vitro es un derecho humano y una obligación de atención del Estado", subrayó.