El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, declaró hoy como imputado en el juicio que investiga las cuentas del cuarto grupo bancario español, nacionalizado por el Gobierno el pasado mes de mayo.

Rato desveló en su declaración que, poco antes de su dimisión al frente de Bankia, el Gobierno le pidió un nuevo plan para la entidad, a pesar de que el anterior tenía el visto bueno del Banco de España, informaron fuentes jurídicas.

También explicó que a finales del pasado mes de marzo el grupo financiero presentó al supervisor un plan de saneamiento para cumplir con las provisiones inmobiliarias impuestas por el Ejecutivo en su primera reforma financiera a principios de año.

Posteriormente, en los primeros días de abril se completó con otro plan, a iniciativa de BFA-Bankia, que resolvía dudas sobre la matriz (BFA) y que fue elaborado por Deloitte, la compañía que auditaba al grupo y que participó activamente en su salida a bolsa.

El exvicepresidente del Gobierno y también exministro de Economía en los gobiernos de José María Aznar explicó que el proyecto, que serviría para cumplir con las exigencias de provisiones y disipar cualquier incertidumbre, recibió el visto bueno formal del Banco de España el pasado 17 de abril.

Sin embargo, a pesar de la aprobación por la institución, Rato reveló que las "autoridades" le pidieron que hiciera un nuevo plan en el que contemplara una caída de la economía española peor que las previsiones más pesimistas.

La aprobación del plan no se produjo finalmente y decidió dimitir al sentir que había perdido la confianza de las autoridades, explicó, según las fuentes jurídicas.

Rodrigo Rato dimitió el pasado 7 de mayo como presidente de Bankia, el cuarto banco del país surgido de una fusión de cajas de ahorro.

El Gobierno español decidió la nacionalización de BFA-Bankia, solicitada por el consejo de administración de la entidad financiera tras la dimisión de Rato.

Bankia es considerada una entidad sistémica por su tamaño, ya que es la cuarta mayor de España, pero tiene una cartera de créditos que la convierte en la primera firma hipotecaria del país.

Esta entidad recibirá casi la mitad de los 37.000 millones de ayuda europea destinada a los cuatro bancos españoles nacionalizados.