El Consejo de Estado de Colombia condenó hoy a la nación a pagar 806 millones de pesos (cerca de 450.000 dólares) a los familiares de una joven indígena que estaba embarazada y que murió en medio de un enfrentamiento entre la guerrilla y la Fuerza pública, en hechos que se registraron en marzo de 1995.

La decisión del alto tribunal favoreció a la familia de la indígena que habitaba en cercanías a la vereda Puerto Fuerte del municipio de Tierralta, Córdoba, en el noroeste colombiano, donde se presentación los enfrentamientos armados, detalló hoy la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su página web.

El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourt, encontró que los familiares de la víctima denunciaron ante las autoridades su muerte, pero ésta no pudo ser consignada en un acta o registro civil debido a que la Fiscalía se abstuvo, por razones de seguridad, de practicar la diligencia de levantamiento del cadáver.

"No podía exigirse a los demandantes la presentación de tal documento como prueba ineludible de la existencia del daño, pues es fácil suponer que la autorización judicial del registro de defunción de una persona que se presume ha muerto en condiciones violentas requiere del acta de levantamiento respectiva", señaló el Consejo de Estado.

De esta manera el Alto Tribunal revocó una sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba que había negado las pretensiones la demanda de la familia de la víctima, aduciendo la falta del registro civil correspondiente.

Finalmente el Consejo de Estado le pide a la Registraduría que proceda a inscribir la muerte de la joven en el correspondiente registro civil.