El Estado peruano atribuye los conflictos sociales contra la actividad minera en el país a un complot promovido por idénticas estrategias "antimineras", concluyó hoy el XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú.

El informe elaborado por las organizaciones civiles CooperAcción, Grufides y Fedepaz señaló que este año la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado "no ha variado mucho", pues la principal hipótesis que maneja es que se trata de un "complot" que sigue el mismo modelo en todas las regiones en que se presentan.

El Observatorio informó que el 19 % del territorio peruano está dado en concesión para la minería y que las principales regiones donde se presenta esta actividad son Arequipa, Cajamarca, Apurímac, Cuzco, Piura y Junín.

En la actualidad hay 233 conflictos sociales en Perú, de los cuales el 64 % responde a temas socio-ambientales, tal como se califican a las controversias por actividades relacionadas con la minería, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo.

En la región sureña de Cuzco, conocida también por su atractivo turístico, el informe señaló que hay una clara preocupación por los impactos del ducto minero del proyecto cuprífero Las Bambas y una gran expectativa sobre los resultados del monitoreo ambiental realizado tras las protestas que dejaron dos muertos en la localidad de Espinar.

En esa localidad se formó una mesa de diálogo colegiada que ha diseñado el método de supervisión ambiental, a raíz de las denuncias de contaminación del agua y la tierra con residuos mineros, pero hay sectores que insisten en pedir la anulación del proyecto.

De otro lado, en la región central de Junín, indicó el documento, "aún hay incertidumbre respecto al reinicio de las operaciones del circuito de plomo del Complejo Metalúrgico de La Oroya, a cargo de un administrador judicial tras la salida de la estadounidense Doe Run.

La puesta en marcha del circuito de zinc ha generado algunos impactos ambientales que han sido reportados por la Dirección General de Salud que reportó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se reanudaron las operaciones, indicó el Observatorio.

En el caso de la región norteña de Cajamarca, el 78 % de sus pobladores se oponen al proyecto aurífero Conga, a cargo de la empresa Yanacocha, que fue sometido a un peritaje internacional para comprometer a la compañía a reducir los daños sobre las fuentes de agua en la región.

Las manifestaciones sociales de protesta contra el proyecto minero continúan, con menor intensidad, en distintas partes de la región, y delegaciones de campesinos de las provincias de Cajamarca, Bambamarca y Celendín se reunieron en los alrededores de las lagunas al ser impactadas por el proyecto minero.

Aunque las obras del proyecto se han postergado hasta el 2014, el informe señaló que Yanacocha, y su socio estadounidense Newmont, podría hacer uso de los mecanismos de protección al inversionista y entablar una millonaria demanda contra el Estado Peruano en un arbitraje internacional.