Los mediadores de la "tregua" entre pandilleros solicitaron hoy al Parlamento de El Salvador reformar o derogar la ley antipandillas para que no "entorpezca el desarrollo" del armisticio, que desde marzo pasado ha disminuido los homicidios en un 60 %.

"Hemos pedido revisión o derogación de aquel marco legal que entorpezca el desarrollo de este proceso" de "tregua", declaró a la prensa Raúl Mijango, uno de los mediadores del pacto y exdiputado del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La Ley de Proscripción de Pandillas, vigente desde 2010, "es parte de ese marco legal y ellos (los diputados) tendrán que revisarlo; no nos compete a nosotros tomar la decisión final, les compete a ellos", agregó.

Mijango y el otro mediador, el arzobispo castrense Fabio Colindres, presentaron la solicitud este martes ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.

La Ley de Proscripción prohíbe las pandillas y está aparejada a una reforma del Código Penal que sanciona hasta con 20 años de cárcel la pertenencia a esos grupos, que suman unos 64.000 miembros en todo el país, según la Policía.

El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, propuso dicha legislación a raíz de que pandilleros incendiaron el 20 de junio de 2010 un autobús con sus pasajeros a bordo, en un hecho que causó 17 muertos. Ese mismo día fue atacado a tiros otro vehículo del transporte colectivo, lo que se cobró tres vidas.

Los mediadores de la "tregua" también propusieron al Parlamento revisar y modificar el Código Penal y la Ley Penitenciaria, entre otras.

Solicitaron también la aprobación de una ley especial transitoria que "otorgue garantías para todos aquellos jóvenes involucrados en pandillas que opten por renunciar a la violencia y todo tipo de prácticas delictivas", detalla el documento presentado a los diputados.

También, entre otras cosas, plantea la creación de "un Fondo especial para la paz", que sería utilizado para la atención de víctimas de la violencia e inserción social y laboral de jóvenes en situación de riesgo.

La "tregua" entre las principales pandillas o maras que operan en este país centroamericano (Mara Salvatrucha y Pandilla 18) hasta el momento consiste en un cese de las hostilidades entre ellas, y ha redundado en una bajada de los homicidios en un 60 %, ya que el promedio diario ha pasado de 14 a alrededor de cinco, según datos de la Policía salvadoreña.

Recientemente los mediadores propusieron una segunda fase del armisticio, que consiste en declarar "municipios santuarios" o libres de violencia.

Esa iniciativa "ya tuvo una aplicación exitosa en varias ciudades de los Estados Unidos en lo relacionado al tema de inmigrantes" indocumentados, quienes pueden transitar por un lugar sin temor a ser detenidos, pero que en El Salvador se pretende aplicar "como antídoto de la violencia", dijo recientemente Mijango.

Los mediadores niegan que esos "municipios santuarios" vayan a servir de refugio a pandilleros después de cometer delitos en otros lugares.