Familias de 14 detenidos desaparecidos durante la dictadura militar deberán devolver los restos de los que creían sus seres queridos porque se repitió el horror vivido el 2006: están mal identificados y no existen lazos de sangre entre las osamentas y ellos, informó el miércoles el juez Alejandro Solís.

Los restos de 14 personas fueron encontrados en 1991 junto a otras 110 enterradas en el llamado Patio 29 del cementerio general de Santiago, destinado a los cuerpos sin identificar.

Catorce familias que ya perdieron a sus seres queridos en manos de los agentes de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) los volverán a perder, sin tener la certeza de que recuperarán a sus verdaderos parientes.

Del más de centenar de desaparecidos recuperados del Patio 29, el Servicio Médico Legal (SML) identificó y devolvió a sus parientes a 96, pero en el 2006 admitió que se equivocó y que 48 estaban mal identificados y que en otros 37 casos había dudas.

De los 96, 24 estaban correctamente individualizados. Más adelante se sumaron otros 14 y 13 más que nunca habían sido identificados. En total hoy hay 51 esqueletos con el nombre correcto.

"De esos 51, muchos eran positivos y les pudimos decir a las familias que los restos que se entregaron efectivamente corresponden a sus deudos. Pero en otros casos (debimos) decirles lamentablemente se equivocaron. Devuélvame los restos porque tengo que entregárselos a otra persona. O decirles que esos restos no son de su pariente, pero no sé de quiénes son", dijo Solís.

"No hablaría yo de nuevos casos. Diría que a raíz de la investigación que demostró que había informaciones erróneas se empezó todo de nuevo. Empezamos de cero y de ahí hemos estado en todos estos años con el laboratorio de Texas trabajando para identificar a 51", añadió Solís.

El doctor Patricio Bustos, director del SML, recordó el miércoles por la noche que de los 124 restos encontrados en 1991, en muchos casos había más de uno por ataúd. Los desentierros se registraron un año después de recuperada la democracia y cuando el dictador seguía como jefe del ejército.

"Estamos trabajando contra la acción de encubrimiento más grande" de detenidos desaparecidos por parte de la dictadura después del caso de Lonquén, dijo Bustos en alusión a los restos de campesinos lanzados al fondo de una mina de cal para hacerlos desaparecer, pero que fueron encontrados casualmente en 1978, cinco años después del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende.

Bustos, un ex preso político de la dictadura, recordó que el régimen militar puso en práctica en 1978, después de Lonquén, la llamada Operación Retiro de Televisores, que se tradujo en el desentierro de muchos restos de opositores inhumados clandestinamente que fueron lanzados al mar, a lagos o quemados con petróleo, según reconocieron algunos ex agentes en declaraciones judiciales.

El jefe del SML recordó que tras el horror del 2006, cuando se conoció el primer grupo de personas mal identificadas, el gobierno de la época entregó los fondos suficientes para mejorar la infraestructura del SML, y se firmaron contratos con tres laboratorios extranjeros especializados en este tipo de identificaciones.

Bustos adelantó que en varios casos no son suficientes las muestras genéticas de 3.400 familiares de víctimas de la dictadura y que habrá que desenterrar a otros muertos para que ayuden a poner nombre a estos desaparecidos que volverán a las bandejas del SML.

La dictadura dejó cerca de 40.000 vícitimas, más de 3.000 de ellas fatales.