Más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre en España, una medida con la que el Gobierno espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros (unos 625 millones de dólares).

Desde el sábado, los inmigrantes ilegales tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.

Ésta es una de las actuaciones del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad pública, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros (20.000 millones de dólares), ante la que se han rebelado algunas de las regiones españolas y numerosos profesionales sanitarios, además de los partidos de la oposición.

La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística, pero 459.946 de ellos no tienen permiso de residencia.

La mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) proceden de países de la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse.

El resto (153.469) son inmigrantes no comunitarios indocumentados a los que afectará la medida por no estar asegurados, es decir, por no cotizar a la Seguridad Social, cuando hasta ahora tenían el mismo derecho que los españoles a la asistencia sanitaria sólo por estar empadronados.

Con este recorte, el Gobierno aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, teniendo en cuenta su gasto per cápita y el de los que "traen a sus familiares a España sin derecho a utilizar la Sanidad", en palabras de la ministra de este departamento, Ana Mato.

El coste sanitario por habitante en España se sitúa en 1.600 euros (unos 2.000 dólares), cantidad que multiplicada por los 153.469 afectados arrojaría un ahorro de tan sólo 245 millones de euros (306 millones de dólares), ni siquiera la mitad de lo estimado por el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy.

No obstante, la recaudación puede ser muy superior habida cuenta de que no hay datos oficiales sobre este colectivo y algunas ONG elevan la cifra hasta casi un millón de personas en esa situación.

El Ministerio de Sanidad se compromete a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración.

Si no existe, el inmigrante será atendido cuando el facultativo determine un riesgo vital.

Tanto a ellos, como a los europeos no asegurados, se les ofertará una póliza si quieren cobertura sanitaria completa, unos 710,40 euros anuales -59,20 euros (74 dólares) al mes- o 155,40 euros mensuales (algo más de 194 dólares) para los mayores de 65 años, si bien la medida aun está siendo debatida.

Los principales sindicatos españoles (UGT y CCOO) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública niegan el supuesto ahorro al cifrar en "un exiguo 0,8 %" el gasto de los extracomunitarios, que hacen un "bajo" uso de las consultas como colectivo joven y muy activo.

Las organizaciones en defensa de los inmigrantes, integradas en la plataforma "Tenemos derecho a la salud sin condiciones", se manifestarán el próximo sábado en varias ciudades para exigir al Gobierno que retire el decreto.

El País Vasco (norte), Andalucía (sur), Asturias (norte) y Cataluña (noreste) son las cuatro regiones que, en contra de la ley, seguirán atendiendo a los inmigrantes en situación irregular.

El resto aplicarán lo dictado por el Gobierno, aunque algunas buscan resquicios legales dentro de sus competencias para esquivar el mandato.

Por ejemplo, el Gobierno de Navarra (norte) ha adelantado que garantizará el servicio a este colectivo habilitando ayudas que cubran el coste de la asistencia para quienes acrediten que no pueden pagarla.

El gobernante Partido Popular (PP) ha acusado a la oposición de hacer "demagogia" en lugar de colaborar para sacar a España de la crisis, mientras que los otros grupos sostienen que la medida destruye la universalidad de la Sanidad y la tachan de xenófoba.

Más de 1.600 médicos se han acogido a la objeción de conciencia y se han comprometido a dar cobertura a estas personas mediante su inscripción en un registro de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, si bien otras muchas organizaciones sanitarias rechazan el decreto y amenazan con no cumplirlo.

Los facultativos de Urgencias y Emergencias han advertido de que estos servicios se colapsarán cuando los indocumentados sólo tengan esta vía para resolver una enfermedad común.