Un total de 29 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en los primeros seis meses del año, un periodo condicionado por el recrudecimiento del conflicto y trascendentales cambios políticos, según el informe del Programa Somos Defensores.

La portavoz de este colectivo de organizaciones no gubernamentales colombianas, Diana Sánchez, denunció hoy en entrevista con Efe la "permanente vulnerabilidad a la que están expuestos los defensores, pues en este país hay muchos agresores".

Según el informe "Un camino solitario", los asesinatos representaron el 18 % de los 163 ataques perpetrados contra activistas en este periodo, que crecieron un 12 % con respecto al primer semestre de 2011.

Este incremento de la violencia responde, según el documento, a un "claro recrudecimiento de la guerra" en el suroeste y este de Colombia y a "cambios y transformaciones" en el Congreso y en el escenario político con el nacimiento de los movimientos Consejo Patriótico Nacional, de izquierda, y el Puro Centro Democrático, de derecha y liderado por el expresidente Álvaro Uribe.

Aunque la polarización es un factor de riesgo para los líderes comunales en las regiones, la mayor preocupación del Programa Somos Defensores está en la población indígena, pues 13 de los 29 defensores asesinados eran líderes aborígenes.

"Los actores armados, incluida la fuerza pública, no aceptan que los indígenas hayan fortalecido su resistencia a la guerra y ejerzan su derecho constitucional de la autonomía, pues esos grupos tienen intereses estratégicos en sus territorios ancestrales", dijo Sánchez.

La activista ilustró así la situación en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, donde en el último mes el pueblo nasa expresó su hartazgo ante el aumento de los combates entre las FARC y la fuerza pública y decidió expulsarlos de su territorio, lo que devino en fuertes agitaciones civiles.

Según el documento, la mayoría de los asesinatos se dieron en el Cauca y en las regiones de Nariño y el Valle del Cauca, también en el suroeste, a manos de "desconocidos" en 18 de los casos, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en otros 6, de paramilitares en 3 situaciones, uno por la fuerza pública y otro por un individuo ya judicializado.

"Lo de los desconocidos resulta muy preocupante porque las autoridades no investigan y no dan cuenta de quiénes son, y queda como que se sale del conflicto armado interno y estas muertes pierden el carácter político que tienen", lamentó Sánchez.

Además, puso el acento sobre las circunstancias que rodean estas muertes de líderes indígenas y comunales: "Los asesinos entran en sus casas y los matan delante de la familia, con brutalidad, sevicia y ante la desatención del Estado".

De las 169 agresiones registradas en el informe, la modalidad de violencia más repetida fue la amenaza con 81 casos (el 50 %), seguida de 29 asesinatos (18 %), 29 atentados (18 %), 17 detenciones arbitrarias (10 %), 3 hurtos de información (2 %), 3 desaparecidos (2 %) y un caso de violencia sexual que representa un 0,6 %.

Los responsables de las amenazas también intimidaron de manera "directa" a las víctimas, con visitas a su residencia y asaltos en la calle.

Panfletos, volantes, comunicados, mensajes de texto y correos electrónicos, también fueron utilizados para las amenazas que en su mayoría provienen, según la ONG, de grupos paramilitares como Las Águilas Negras, Los Rastrojos y Los Urabeños.

Y agrega que "29 asesinatos en un semestre es un indicador contrario a los discursos oficiales" que resaltan el aumento "de protección y medidas de prevención".

Además, señala que si bien es cierto que el sistema ni hace seguimiento a la evolución de las investigaciones judiciales por estos casos, "es evidente que la Fiscalía y demás entes de control e investigación no dan cuenta de los resultados positivos en las mismas, evidenciando una vez más, el estado de impunidad".