La Corte Suprema de Chile confirmó hoy una condena a diez años y un día de prisión al general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, exjefe de la policía política de Augusto Pinochet, por el secuestro calificado (desaparición) de dos militantes de izquierda en 1974.

Según informaron fuentes judiciales, la II Sala Penal del máximo tribunal chileno rechazó por unanimidad un recurso de la defensa de Contreras con el que pretendía rebajar la sentencia, dictada originalmente por el juez especial Juan Fuentes Belmar.

Con el fallo de hoy, que es definitivo, Contreras, que comandó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Pinochet, acumula condenas por 249 años de prisión, según fallos definitivos dictados en diversos juicios por violaciones a los derechos humanos.

El caso fallado este viernes se refiere a los secuestros de José Hipólito Jara Castro y Alfonso Díaz Briones, de 29 y 22 años respectivamente, perpetrados por agentes de la DINA el 13 y 16 de septiembre de 1974 en distintos puntos de Santiago.

Ambos jóvenes, el primero químico farmacéutico y el segundo ingeniero, eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que desarrolló una lucha de resistencia a la dictadura.

Jara Castro y Díaz Briones fueron vistos por supervivientes en el cuartel "Ollagüe", de la DINA, situado en el sector santiaguino de Ñuñoa, donde se perdió su rastro.

El nombre de José Hipólito Jara fue incluido al año siguiente en la llamada "Operación Colombo", un montaje creado por la DINA para encubrir la desaparición de 119 opositores y que abarcó hasta la publicación de falsos periódicos en Argentina y Brasil, con la versión de que todos habían muerto en purgas internas del MIR.

Además, los jueces de la Suprema desestimaron hoy la solicitud de la defensa de aplicar la figura de la media prescripción de la acción penal para disminuir la condena, por considerar que el secuestro calificado es de carácter permanente mientras no aparezcan las víctimas.

En Chile, según informes oficiales durante la dictadura de Augusto Pinochet, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado por oponerse al régimen y de ellas, unas 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.

En el contexto de esos crímenes, 76 agentes han sido sentenciados a penas de prisión, de los que 67 permanecen actualmente en la cárcel.