El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidió hoy a los poderes Legislativo y Judicial acatar una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que suspendió los fallos que anularon la elección de 20 magistrados y desataron un conflicto entre ambos órganos salvadoreños.

El Salvador es firmante del tratado constitutivo de la CCJ, con sede en Managua, y "como tal, estamos obligados a cumplir las resoluciones que de ella emanen", argumentó Funes.

La CCJ ordenó el pasado día 21 la suspensión de las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anularon las elecciones de 10 magistrados y sus suplentes hechas por la Asamblea Legislativa en 2006 y el 24 de abril de este año.

Sin embargo, la Sala rechazó la resolución de la CCJ por considerarla "contraria a la Constitución" salvadoreña, mientras que el Parlamento insiste en que se cumpla para que los magistrados elegidos en abril asuman el próximo 1 de julio para el período 2012-2021.

Los magistrados elegidos en 2006 pueden continuar en sus cargos, con mandato hasta 2015, en espera de una nueva designación, según la Sala.

La Corte regional dictó su resolución de medidas cautelares al admitir un "recurso de conflicto" de la Asamblea contra la CSJ y prevé emitir una sentencia en las próximas semanas.

"Tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad y si hay un organismo regional que ha emitido, no una sentencia, pero que sí ha admitido un recurso y ha sacado una resolución, los presidentes de los órganos de Estado que tienen que ver en este conflicto tienen que respetar esa decisión", manifestó Funes.

Consideró que la Asamblea y la CSJ "tendrían que actuar conforme a esta decisión que ha tomado la Corte Centroamericana", porque esta "tiene atribuciones" para conocer el caso.

"De lo contrario, no hubiésemos sido un Estado firmante y suscriptor del tratado que le dio vida a esa Corte regional. Como tal, estamos obligados a cumplir las resoluciones que de ella emanen", insistió.

Funes afirmó que él no puede "intervenir" en un "conflicto exclusivo de dos órganos del Estado", sólo interponer sus "buenos oficios", y que en este contexto ha dialogado con diversos sectores políticos en busca de un "arreglo".

También aseguró que "no es crisis institucional" la que está viviendo El Salvador, "porque las instituciones siguen funcionando; ni la Corte está parada, ni la Asamblea Legislativa está parada".

"Es un conflicto entre dos órganos del Estado, por un diferendo de interpretación de la Constitución y de las leyes de la República", resumió el mandatario salvadoreño.

La Sala anuló las elecciones de magistrados por considerar que una misma legislatura no puede hacer ese proceso en dos ocasiones y ya se había hecho una vez, al tiempo que ordenó repetirlas.

Sectores que rechazan los fallos consideran contradictoria esta disposición porque significa hacer lo mismo que se anuló, es decir, que una misma legislatura elija magistrados en dos ocasiones.

La Constitución salvadoreña establece que cada tres años debe renovarse un tercio de la CSJ, integrada por 15 magistrados propietarios y sus suplentes, que cumplen así períodos escalonados de nueve años, pero no dice en qué legislatura debe ser la elección.