Numerosos grupos y activistas del país condenaron el lunes el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Arizona y aseguraron que podría promover la discriminación y el abuso contra hispanos.

La Corte anunció por la mañana que no bloqueó la disposición más polémica de la ley migratoria SB1070 que obliga a policías a preguntar por el estatus migratorio cuando sospechen que alguien se encuentra sin autorización legal en el país.

Las reacciones no se hicieron esperar.

"Hay esperanzas de que la ley no sea implementada, pero todavía tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado para que el departamento de policía, o el shérif, no la imponga ahora", dijo Petra Falcón, directora de la organización Promise Arizona, con sede en Phoenix.

"Ha habido personas abusadas por su piel, por su forma de hablar, de vestirse, que han sido paradas por las autoridades. Tenemos que asegurar que esos abusos se reporten, se tomen en cuenta, para poder parar definitivamente esta legislación", añadió Falcón.

La activista dijo que ella y muchos activistas en Phoenix madrugaron para reunirse y poder escuchar el veredicto juntos. Tras una conferencia de prensa, se disponían por la tarde a participar en un foro comunitario con el jefe de policía de la ciudad e informar a la comunidad hispana sobre el significado de la decisión.

La cláusula 2B, conocida como la provisión de "muéstreme sus papeles", legitima ordenanzas estatales que promueven la categorización racial y arrestos injustificados, además de propagar el miedo entre los hispanos del país, opinaron expertos y líderes hispanos.

"Es cuestionable, incluso pensamos que es un error que la Corte Suprema haya dejado abierta la posibilidad a que se de la discriminación racial y la persecución", indicó Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia.

La activista señaló que su organización está a la espera del impacto que tendrá el fallo en la aplicación de leyes locales en Georgia y programas de deportación por parte de las policías locales. "Sabemos que esta decisión no les da luz verde (a los departamentos de policía) para poder detener a alguien si no hay causa probable. Pero sabemos que en Georgia hasta ahora la causa probable es ser inmigrante", señaló.

Nicholls agregó que la legislatura estatal podría empezar a hacer enmiendas a la ley local HB87 que se aprobó el año pasado en Georgia para combatir la inmigración no autorizada.

La Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO, por sus siglas en inglés) aplaudió la decisión de la Corte Suprema de anular otras cláusulas de la ley SB1070, pero criticó la disposición de "muéstreme sus papeles".

"Creemos que la provisión de la ley de Arizona que queda en pie será anulada en un futuro cercano debido al impacto discriminatorio contra nuestras comunidades. Este tipo de leyes lastiman a las comunidades locales y minan la seguridad pública", indicó en un comunicado la organización.

Activistas de todo el país llevan meses diciendo que temen que legislaciones similares se aprueben en estados como Misisipí, Oklahoma, Misurí, Tenesí o Wisconsin, entre otros.

Cientos de inmigrantes sin papeles han abandonado su trabajo en los cultivos de Alabama, temerosos del impacto que tendría sobre ellos una ley parecida a la de Arizona, aseguran activistas. En Arizona, la imagen del estado ha quedado afectada por la implementación de la SB1070, lo que ha afectado a la economía y ha derivado en el cierre de numerosos negocios hispanos, dijo Katherine Vargas, del Foro Nacional de Inmigración.

En Carolina del Sur, los efectos podrían ser parecidos, opinó Diana Salazar, presidenta de la Asociación Latina de Charleston.

"Estoy desilusionada. Me da mucho miedo por los efectos que (la decisión) puede tener aquí", señaló la activista. "Los hispanos estamos creciendo tan rápido, y creo que el angloamericano tiene miedo. Ellos estaban esperando esta decisión. Desgraciadamente va a afectar de forma negativa a este país".

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, destacó el lunes que la ratificación de la cláusula 2B también generó preocupación entre los expertos.

"Nos preocupa muchísimo porque obviamente esa es la provisión que más está afectando a nuestra comunidad y que más va a resultar en discriminación, y que ya está resultando en discriminación por perfil racial", dijo Hincapié.

Aun así, la experta recordó que es posible que la medida 2B sea eventualmente considerada inconstitucional. La Corte decidió que es demasiado pronto para saber si la cláusula puede ser implementada de forma que no viole la constitución. La provisión será remitida a una corte federal distrital así que Arizona no sentirá efectos inmediatos, señaló.

La Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) y el sindicato nacional AFL-CIO señalaron que la legislación a debate no es sólo "moralmente incorrecta" sino que además no ayuda a solucionar la "crisis humanitaria" que se vive en Arizona hoy.

Ambos grupos dijeron en un comunicado conjunto que el gobierno del presidente Barack Obama debería suspender de forma inmediata el polémico programa Comunidades Seguras, que obliga a departamentos de policía locales a compartir con el gobierno federal las huellas dactilares de detenidos para ver si pueden ser deportados.

"Consideramos que el programa lanzado en 2008 es esencialmente la base de la cláusula de categorización racial de Arizona", señalaron ambos grupos.

Líderes evangélicos de varias partes del país destacaron que la decisión de la Corte Suprema recalca la necesidad de aprobar una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Varios de ellos, afiliados al grupo Evangelical Immigration Table, denunciaron que la ley promueve la categorización racial y coloca a los hispanos del país en una posición más vulnerable ante las autoridades.

La decisión del lunes, sin embargo, no fue totalmente negativa para los activistas.

La Corte Suprema dejó sin efecto otras tres disposiciones de la polémica legislación SB1070, lo que al menos generó cierto alivio y un sentimiento de victoria parcial.

Las disposiciones derogadas obligaban a inmigrantes a obtener o cargar en todo momento con documentos migratorios, convertían en un crimen que inmigrantes sin papeles trabajaran o buscaran trabajo y permitían que la policía arrestara a inmigrantes sospechosos de estar en situación migratoria irregular sin necesitar órdenes de arresto.

Por otro lado, grupos en contra de inmigrantes sin autorización para vivir en Estados Unidos celebraron la conclusión de la corte respecto a la cláusula 2B.

"La Corte Suprema ha dejado muy claro que los gobiernos estatales y locales juegan un papel importante a la hora de hacer cumplir leyes de inmigración federales", dijo Dan Stein, presidente de la Federación por una Reforma Migratoria Estadounidense.

"Incluso si el gobierno de Obama rechaza imponer las leyes de inmigración, los estados tienen el poder de frenar o desanimar a inmigrantes ilegales", agregó Stein.

La gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, quien firmó la SB1070, dijo el lunes que ha quedado demostrado que el "corazón" de la ley es constitucional.

"Hoy es un día en que el componente clave de nuestros esfuerzos por proteger a los ciudadanos de Arizona, con balance y constitucionalidad, ha sido reivindicado de forma unánime por el máximo tribunal del país", señaló.

La decisión de la Corte Suprema el lunes ensombreció parte de la alegría sentida por muchos hace más de una semana, cuando Obama anunció que se suspenderían temporalmente las deportaciones de jóvenes inmigrantes sin papeles.

Cristina Jiménez, dirigente de la red de "dreamers" United We Dream, dijo desde Nueva York el lunes que el fallo del tribunal "avala discriminación en general y discriminación según la apariencia física". La joven agregó, sin embargo, que "estamos contentos por las partes que quedaron sin efecto".

Varios grupos de jóvenes en situación migratoria irregular anunciaron el lunes que realizarían una ceremonia de graduación el martes cerca de la Corte Suprema, en Washington, como respuesta directa a la ratificación de la polémica cláusula.

La decisión de la Corte Suprema pone a las familias de inmigrantes en Arizona y otros estados en riesgo de sufrir abusos por parte de las autoridades locales, denunció el lunes la organización Human Rights Watch.

"El fallo del Tribunal Supremo abre la puerta a abusos anti-inmigrantes que hemos visto en otros estados con leyes parecidas", dijo Grace Meng, investigadora del grupo. "La corte dijo hoy que es demasiado pronto para saber cual será el daño de esta cláusula, pero el daño de disposiciones parecidas en Alabama está muy claro".

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Claudia Torrens está en Twitter como www.twitter.com/ClaudiaTorrens

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El corresponsal Associated Press E.J. Támara en Los Angeles y la colaboradora Linda Pérez en Atlanta contribuyeron con este despacho