El grupo Human Rights Watch reclamó hoy el acceso de diplomáticos, periodistas y cooperantes al Estado de Rakhine, en el oeste de Birmania (Myanmar), donde la violencia entre miembros de las comunidades musulmana y budista ha causado muertos, heridos y cientos de casas quemadas o destruidas.

"La violencia en el Estado de Arakan (actual Rakhine) crece sin control bajo la vigilancia del Gobierno. El acceso de observadores internacionales independientes a la zona indicará a las partes implicadas de que son observadas de cerca", dijo en un comunicado de prensa la subdirectora para Asia de esta organización, Elaine Pearson.

"Dado el historial de abusos del Ejército en el Estado de Arakan, poner a los militares a cargo de hacer cumplir la ley puede agravar la situación. El Gobierno necesita proteger a las comunidades amenazadas pero, sin la presencia internacional, existe el peligro real de que no lo haga", añadió Pearson.

El presidente de Birmania, Thein Sein, anunció el domingo por los medios estatales que había decretado el toque de queda en Rakhine, medida que subordina la administración local al criterio del Ejército.

Thein Sein advirtió a la población de ese Estado fronterizo con Bangladesh, donde reside gran parte de la comunidad musulmana del país, que los disturbios amenazan las reformas aperturistas que llevan a cabo desde hace un año.

El 89 por ciento de los cerca de 60 millones de personas que habitan Birmania son budistas y un 4 por ciento profesa el Islam.

El lunes, Naciones Unidas informó de la evacuación temporal y voluntaria de su personal en Rakhine a raíz de la violencia religiosa.

Los altercados entre la población musulmana y la budista son habituales en ese Estado habitado por unos 3,5 millones de personas.

Esta última ola de violencia, arrancó el 28 de mayo con el cadáver de una mujer budista que, supuestamente, fue violada y asesinada por un grupo de musulmanes.

El domingo 3 de junio, un gentío de budistas detuvo un autocar en el que decían viajaban los culpables y mataron a diez musulmanes.

Desde entonces, grupos islámicos han incendiado y causado destrozos en al menos 14 poblaciones, incluida la capital estatal, a pesar de que el Ejército ha reforzado su presencia y ha establecido controles y patrullas.

Birmania, después de casi medio siglo de dictadura militar, vive una etapa de reformas de tinte democrático desde que la última junta se disolvió y traspasó el poder a un gobierno civil afín, en 2011.