El fiscal general de Nicaragua, Julio Centeno Gómez, solicitó hoy al Parlamento un mayor presupuesto para contratar más especialistas, efectuar más investigaciones y evitar la multiplicación de los casos de impunidad en este país.

El fiscal Centeno rindió este martes un informe ante los diputados nicaragüense y explicó que el Ministerio Público cuenta con 704 empleados y requiere de 1.000 fiscales, pero sólo existen 292 fiscales y 116 asistentes.

Esa dependencia tiene, además, nueve unidades especializadas y 66 oficinas para atender a los 153 municipios de un país de casi seis millones de habitantes y más de 130.000 kilómetros cuadrados de territorio.

"Hago un llamado respetuoso a la honorable Asamblea (Nacional) para que se preocupe por el fortalecimiento institucional del Ministerio Público, porque su debilidad presupuestaria se transmite al sistema de justicia penal, porque si no hay fiscales, no hay proceso ni acusación penal", alertó Centeno.

Detalló que el Ministerio Público tiene un presupuesto anual de 6,6 millones de dólares y en 2011 obtuvo donaciones internacionales por valor de 568.558 dólares.

Según el funcionario, Nicaragua tiene 292 fiscales para más de 130.000 kilómetros cuadrados, pero El Salvador cuenta con 1.400 fiscales para un territorio mucho menor (21.000 kilómetros cuadrados).

En 2011, agregó, el Ministerio Público conoció 50.000 causas y resolvió 33.000.

Las nueve unidades especializadas, por su parte, tramitaron 1.307 denuncias, de las que 1.023 fueron por supuestos delitos relacionados con la niñez y adolescencia, 53 por violencia de género, 70 por trata de personas, corrupción y crimen organizado, y 20 causas contra grupos y células de mafias organizadas "de mediana y gran importancia", señaló.

"Necesitamos más fiscales para cumplir con las exigencias itinerantes del sistema", pero la falta de presupuesto "lleva, ineludiblemente, hacia la impunidad", advirtió.

Por su parte, los diputados liberales opositores cuestionaron al fiscal Centeno por no investigar diversas denuncias que atañen al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) o al Consejo Supremo Electoral (CSE).

El magistrado suplente del CSE, Julio César Osuna, fue destituido de su cargo y es procesado por emitir documentos de identidad a supuestos narcotraficantes extranjeros.