La Comisión Europea (CE) ha cerrado hoy el procedimiento de infracción que había abierto a España por incumplir la ley comunitaria que protege a los consumidores de contratos no deseados sobre uso compartido de bienes e inmuebles turísticos, al considerar que este país ya respeta dicha norma.

El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo comunitario envió "dictámenes motivados" a España y a otros tres países por el incumplimiento de dicha directiva, lo que constituye el segundo paso de un procedimiento de infracción, previo a la denuncia ante la Justicia europea.

La Comisión ha cerrado los casos abiertos contra España, Lituania, Polonia y Eslovenia al considerar que todos los Estados miembros han incorporado la directiva a su derecho nacional, según informó en un comunicado.

En el caso de España, el Gobierno notificó a la Comisión "una nueva norma (Decreto-Ley) de transposición de la directiva" que cumplía con las exigencias comunitarias, explicó la CE.

La comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, afirmó que varios Estados miembros "se habían retrasado a la hora ofrecer la protección requerida a nuestros ciudadanos", y señaló que "hoy por fin todos los Estados miembros han puesto en marcha medidas nacionales de aplicación de las normas de la UE".

Según la normativa en cuestión, los operadores mercantiles deben facilitar información detallada a los consumidores con tiempo suficiente antes de que el consumidor se vea vinculado por un contrato.

Esta información debe incluir el precio que debe abonar, la descripción del producto, el periodo exacto y la duración de la estancia a la que el consumidor tiene derecho en virtud del contrato, y debe facilitarse en la lengua del consumidor, si éste lo desea.

La directiva también garantiza que los consumidores podrán rescindir el contrato en un plazo de reflexión de catorce días naturales y que los comerciantes no podrán exigirles ninguna forma de depósito o pago anticipado durante este período.

La normativa también se aplica a los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico de una duración inferior a tres años, así como a bienes no inmuebles que el consumidor puede emplear como alojamiento, barcos de crucero, caravanas o barcazas.

Después de asegurarse de que todos los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias, la Comisión "llevará a cabo una evaluación minuciosa de la calidad y la exhaustividad de la transposición en general", añadió Reding.