La provincia de Espinar, en el sureste de Perú, amaneció hoy en calma tras la declaración del estado de excepción, con escasa actividad comercial y abundante presencia policial, después de los enfrentamientos de ayer que causaron al menos dos muertos.

El alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, aclaró hoy a periodistas locales que las versiones que él mismo había difundido sobre la muerte de otras dos personas no habían sido "contrastadas" por sus fuentes y prefirió dejarlas en "suspenso".

Mollohuanca había sumado dos víctimas más a los dos fallecidos que están en la morgue de Espinar y en un hospital de Tintaya, según la fiscalía.

Los contingentes de la Policía enviados a Espinar, provincia de la región Cuzco con una altura media de 4.000 metros sobre el nivel del mar, estaban desplegados hoy por esta ciudad andina en el noveno día del paro indefinido convocado por el Frente de Defensa contra la minera Xstrata.

Según los informes periodísticos de la zona, las Fuerzas Armadas aún no han llegado a Espinar para apoyar a la Policía en la recuperación del orden público, después de los disturbios en las inmediaciones del yacimiento de cobre Tintaya y del mismo Espinar que incluyeron el incendio de una camioneta de la Fiscalía.

Según la autoridad municipal, que encabeza las protestas, el incremento del canon minero pagado por Xstrata no es la principal demanda de este paro sino el mal manejo medioambiental de la mina de cobre.

"Consideramos que debe existir un incremento, pero eso no lo vamos a manejar nosotros sino una autoridad autónoma", dijo en declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP).

Los pobladores de la provincia de Espinar intensificaron ayer sus exigencias de que se haga una investigación a los supuestos daños ambientales causados por la mina de cobre Tintaya y se eleve de 3 a 30 por ciento el aporte al desarrollo que entrega la empresa a su localidad.

La situación llevó al Gobierno peruano a declarar el estado de emergencia (excepción) en Espinar y el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, invocó a los pobladores a levantar su medida de fuerza y reiniciar el diálogo.

La medida, que estará vigente durante 30 días y entrega el control del orden interno a la Policía, comprende la suspensión de garantías relativas a la libertad de tránsito y reunión y la inviolabilidad de domicilio.