El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció hoy que se adoptarán medidas para evitar en el país el sobreendeudamiento tras revelar que unas 400.000 familias están inmersas en esa situación, a la que denominó como un "peligro" para la economía.

En su informe semanal de labores, difundido hoy pero grabado el pasado jueves, Correa alertó sobre el "peligro" que puede representar una eventual oferta crediticia sin mayores controles.

"Hemos estudiado y sí hay indicios de sobreendeudamiento y vamos a tomar las medidas pertinentes", dijo Correa al apuntar que "parece ser que hay bancos que están dando el crédito porque hay exceso de liquidez".

Apuntó que calculan que en el sistema, "el 41 % de familias tienen sobreendeudamiento, estamos hablando de unas 400.000 familias y hay que estar muy atentos porque esto puede generar graves problemas para esas familias, el sistema bancario y para la economía en general", comentó.

"Va a haber resoluciones de Junta Bancaria para que los bancos sean mucho más estrictos en analizar esta información, también más estrictos en cuanto a dar los cupos de tarjetas de créditos porque hay indicios de sobreendeudamiento en las familias ecuatorianas", insistió Correa.

El pasado 9 de mayo, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley que regula los créditos de viviendas y automóviles y que persigue evitar burbujas inmobiliarias como las de España.

El proyecto de ley lo envió el Ejecutivo al órgano legislativo con "carácter urgente en materia económica".

Esta ley "tiene como finalidad garantizar el pago de las obligaciones contraídas por personas naturales con las entidades financieras con la entrega del bien hipotecado, en el caso de inmuebles, o prendado, en los vehículos", señaló entonces un comunicado de la Asamblea.

Correa, en un viaje a España en marzo pasado criticó la ley inmobiliaria de ese país, que no contempla la dación de pago, es decir, que la entrega de un bien inmobiliario finiquite la deuda de una persona con la entidad financiera.

Sin embargo, cuando Correa llegó a Quito se dio cuenta que en el país existía la misma normativa y procedió a reformarla.

La ley también contempla que las deudas de ecuatorianos contraídas en otros países "no serán ejecutados en territorio nacional".