Seis militares fueron condenados el viernes a penas de entre 30 y 50 años de prisión por el asesinato de un hombre con discapacidad mental al que falsamente reportaron como un guerrillero muerto en combate, en uno de los casos recientes más emblemáticos en el país de violación a los derechos humanos.

Los militares habían sido declarados culpables en marzo.

La condena recayó en el mayor del Ejército Wilson Quijano y en el teniente Diego Aldair Vargas, quienes fueron declarados responsables de los delitos de desaparición forzada y homicidio.

Los otros condenados son el cabo Carlos Manuel González; los soldados Ricardo Contreras, Ricardo García y Carlos Zapata por homicidio.

Quijano huye de la justicia y el resto de los militares está detenido.

El mayor Quijano y el teniente Vargas fueron condenados a 50 años y los otros cuatro uniformados a 30.

El fallo fue leído en una audiencia pública en el centro de Bogotá por la jueza Sonia Castillo Rojas.

El caso está relacionado con la desaparición y posterior asesinato de Fair Leonardo Porras, de 26 años, quien fue reportado como desaparecido en enero del 2008 en Soacha, una barriada al sur de Bogotá.

El hombre fue engañado con una inexistente promesa de trabajo y llevado hasta el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santanter, a 410 kilómetros al noreste de Bogotá, donde fue asesinado.

Otros diez hombres de Soacha corrieron la misma suerte de Porras a manos de militares y sus responsables están siendo también juzgados en procesos apartes.

Los familiares de Porras y la propia Fiscalía han dicho que éste había sufrido en su infancia de meningitis, una enfermedad que lo dejó con un alto grado de incapacidad mental.

En julio de 2011, ocho militares habían sido condenados a penas de entre 28 y 55 años de cárcel por la ejecución extrajudicial de otros dos civiles de Soacha. Entre los afectados con esa medida figuró el teniente coronel Wilson Castro, quien fue sentenciado a 55 años de prisión.

El caso de la desaparición y posterior asesinato de los 11 hombres de Soacha --sin vínculos entre ellos-- llevó a que en octubre de 2008 el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, destituyeran a 27 militares, entre ellos a tres generales, porque por acción u omisión habrían permitido este tipo de crímenes.