Brasil enfrenta el desafío de contener el uso de la fuerza excesiva por parte de su policía y las condiciones carcelarias deplorables en gran parte del país como parte de sus avances en derechos humanos, admitió el lunes la ministra del ramo, Maria do Rosario Nunes.

La ministra de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos dijo a corresponsales extranjeros que el viernes presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, su informe sobre el cumplimiento de compromisos de avances en el sector, en el que destacará la consolidación democrática de Brasil y los avances sociales que permitieron a 40 millones de personas salir de la pobreza.

Sin embargo, la ministra admitió que el gigante sudamericano aún tiene desafíos pendientes.

"Una virtud de Brasil es que para enfrentar las violaciones de derechos humanos parte del reconocimiento de su existencia", expresó la ministra.

Sobre la violencia policial, la ministra destacó que las autoridades buscan frenar el uso de la fuerza excesiva por parte de los agentes de seguridad, al tiempo que lanza las bases de un plan para resguardar los derechos de los policías que están en la línea de frente del combate al crimen.

"El combate al uso excesivo de fuerza policial es uno de los desafíos de la democracia brasileña", destacó Nunes. "Estamos invirtiendo fuertemente en la formación de los policías para cambiar la lógica de violencia", agregó.

Organismos de derechos humanos han denunciado repetidamente malos tratos de agentes policiales contra personas detenidas, en especial cuando se trata de personas pobres.

Ante ello, la ministra señaló que el país está preparando un programa para resguardar los derechos de los policías en sus acciones de combate al crimen.

En materia carcelaria, la ministra reconoció que el sistema de prisiones enfrenta problemas de superpoblación y tortura de internos.

Recordó que el año pasado la presidenta Dilma Rousseff presentó al Congreso un proyecto de ley que crea un sistema nacional de combate a la tortura que abre los centros de detención, tanto cárceles como centros psiquiátricos y de internación de menores, para la supervisión de parte de especialistas independientes.

"Esa ley necesita ser aprobada por el Congreso, pero cumplimos una meta importante con la presentación del proyecto", señaló Nunes.

Agregó que el país comenzó a realizar una inversión de alrededor de medio millón de dólares hasta 2014 para agregar 48.000 cupos en las cárceles femeninas, con lo cual eliminaría la superpoblación actual y dejaría al sistema preparado para un aumento futuro de las mujeres presas.

Al mismo tiempo la inversión busca reducir de forma gradual la saturación de las cárceles masculinas y la eliminación de los centros de detención en cuarteles policiales, prohibidos por la legislación actual.

Actualmente las cárceles brasileñas albergan a 38.000 mujeres y 513.000 hombres.