Organismos de derechos humanos de Argentina denunciaron hoy la existencia de una "cadena de impunidad" que permitió la fuga del expolicía Juan Wolk, condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos durante la dictadura militar.

La denuncia fue hecha en la sede de los tribunales federales de la ciudad bonaerense de La Plata por los colectivos Abuelas de Plaza de Mayo, Justicia Ya! y la Asociación Permanente de Derechos Humanos.

Wolk, de 77 años, huyó hace unos días antes de que fuera trasladado desde su casa, donde cumplía el castigo, a una cárcel común.

La huida de Wolk fue descubierta el pasado domingo 6 de mayo, cuando la Policía halló vacía su casa, situada en las afueras de la ciudad de Mar del Plata, adonde había ido a buscarlo para llevarlo a la cárcel.

Guadalupe Godoy, abogada de Justicia Ya!, reclamó hoy que los jueces deben investigar a los responsables de la fuga de Wolk.

El hecho "desnuda prácticas habituales en los procesados por delitos de lesa humanidad: son lisa y llanamente excarcelaciones sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de supervisión", comentó.

Wolk, excomisario policial apodado "El Nazi" o "Alemán", fue jefe de la cárcel clandestina llamada "Pozo de Banfield", donde desaparecieron cientos de personas durante la dictadura (1976-1983), entre ellos diez adolescentes secuestrados cuando pedían la gratuidad del boleto de autobús para los estudiantes secundarios.

La aplicación de tormentos y el asesinato de esos adolescentes, relatada por el único sobreviviente de la llamada "Noche de los Lápices", fue uno de los crímenes por los que el excomisario fue condenado a prisión perpetua, castigo que pidió cumplir en su casa en su condición de mayor de 75 años.

Wolk fue condenado tras ser sometido a un juicio oral en 2007 luego de que familiares de una de sus víctimas descubriera que se le había dado por muerto por medio de un acta de defunción falsa.

El juez Arnaldo Corazza había dictado el traslado de Wolk a una cárcel común luego de que un tribunal supremo anulara el beneficio de prisión domiciliaria, como reclamaban organismos humanitarios.