Los miembros de una veeduría ciudadana que dijo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, conocía los contratos que su hermano Fabricio tenía con el Estado y que temen ser encarcelados por ello pidieron hoy asilo en la embajada de Costa Rica, donde no lo obtuvieron inmediatamente.

"No sólo nos sentimos perseguidos, ésto es ya una venganza", dijo a Efe Pablo Chambers, el presidente del comité, que concluyó que el volumen de contratos ascendía a 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para el Estado de 143 millones.

El propio mandatario solicitó la creación de esa veeduría, pero una vez que hizo público su informe hace un año, Correa acusó a sus miembros de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa, por lo que inició una demanda penal contra ellos.

"Somos ciudadanos simples, que nos metimos a un llamado del Señor Presidente, pero parece que no dijimos lo que él quería que dijéramos", afirmó Chambers.

Por ello, Chambers acudió hoy junto con José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo, los otros miembros de la veeduría, a la sede diplomática de Costa Rica, donde presentaron su solicitud de asilo en una reunión con el embajador Gerardo Lizano, quien les dijo que les respondería para el próximo martes, según el veedor.

También pretenden hacer una petición similar en las embajadas de Panamá, Chile y Reino Unido, explicó Chambers.

"Lo único que nos queda es recurrir a instancias internacionales, recurrir a otro país para que por favor nos proteja", dijo.

El próximo 17 de mayo los cuatro deben comparecer ante un tribunal para la presentación de cargos contra ellos y Chambers dijo estar "casi seguro" de que serán encarcelados ese mismo día.

"El cargo que se nos va a imputar es perjurio, tratando de desestabilizar la democracia, que es directamente a la cárcel", afirmó Chambers, quien explicó que "no existe libertad condicional" para esa acusación.

En su informe, la veeduría concluyó que Correa sí conocía de los contratos de su hermano con el Estado, que están prohibidos por la ley ecuatoriana, y también afirmó que hubo favoritismo en su adjudicación en favor de Fabricio, según resumió Chambers.

El mandatario niega tener conocimiento de los contratos, que él canceló después de que una investigación periodística los sacara a la luz.

"Ellos se autoproclamaron comisión investigadora e hicieron investigaciones para tratar de demostrar que el mandatario sí conocía de esos contratos, pero todo esto porque quien presidía esa veeduría era un ex alto funcionario del Gobierno de Lucio Gutiérrez", dijo Correa el pasado noviembre, en referencia a Chambers.

El presidente también afirmó que el objetivo de la veeduría era "hacerle daño al Gobierno".

Los miembros del comité fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo auditor ciudadano.

Algunos parlamentarios de oposición impulsan un proyecto de ley para que la Asamblea Nacional otorgue una amnistía a los veedores, pero la inminencia de su posible encarcelamiento les motivó a pedir asilo hoy, explicó Chambers.

"Nosotros vemos que no tenemos absolutamente ninguna garantía acá, que lo que se está tratando no es sólo de silenciar todo, sino de cubrir" el caso, dijo.

Los periodistas que lo revelaron, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, también afirmaron en su libro "El Gran Hermano" que Correa sabía de los contratos.

El mandatario les enjuició por injurias por ello, pero tras ser condenados al pago de 2,1 millones de dólares Correa les perdonó.