El juez Daniel Urrutia rechazó hoy el arresto domiciliario y la prisión preventiva que se pedía en contra de ocho personas procesadas por no haber alertado a la población del peligro de tsunami, que en 2010 arrasó parte del litoral chileno.

Todos los imputados, entre ellos la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia Carmen Fernández y el exsubsecretario del ministerio del Interior Patricio Rosende, están acusados del cuasidelito de homicidio de 156 víctimas y 25 desaparecidos por la fallida alerta de tsunami la madrugada del 27 de febrero de 2010.

En la audiencia que se celebró durante toda esta semana en el VII Juzgado de Garantía de Santiago, el juez Urrutia sí dejó con arraigo nacional a todos los procesados, medida que significa que ninguno de ellos puede abandonar el país, mientras dure la investigación que no puede extenderse más allá de siete meses.

Los defensores de los imputados Mariano Rojas y Mario Andina, funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Carmen Fernández y Osvaldo Malfanti, de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), solicitaron ocho meses de investigación.

Lo mismo pidieron las defensas de Andrés Enríquez, exjefe del SHOA; Carlos Aranda, del Instituto de Sismología, y Johaziel Jamett de la Onemi.

El abogado Raúl Meza que representa a las familias de la localidad costera de Constitución, en el sur de Chile, donde fallecieron o desaparecieron 42 de las 181 víctimas del tsunami, fue el letrado que solicitó prisión preventiva para los implicados.

En tanto, la fiscal Solange Huerta que acusa a los procesados de no haber alertado a la población sobre el tsunami que se originó tras el terremoto de 8,8 grados ocurrido en la madrugada del 27 de febrero de 2010, en una tragedia en la que en total fallecieron 524 personas, había pedido ocho meses de plazo.

En la investigación que durante dos años desarrolló la fiscal Huerta, destacó la descoordinación que durante las horas posteriores al fuerte terremoto, se produjo entre la Onemi y el SHOA, que emitió una alerta de tsunami pero la retiró antes de que la Onemi la diera a conocer a la población.

El 27 de febrero del 2010 un cataclismo de 8,8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter causó la muerte de 524 personas, 800 mil damnificados y daños por 30 mil millones de dólares.

El terremoto de Chile, que liberó una energía equivalente a 100.000 bombas de Hiroshima y considerado el quinto más grande de la historia, dejó pérdidas materiales a lo largo de 640 kilómetros.

Unas 220.000 viviendas resultaron destruidas, sufrieron daños 1.500 kilómetros de carreteras, 4.500 escuelas, dos aeropuertos, 53 puertos, 56 hospitales y dos puentes.

El Gobierno calculó las pérdidas en 30.000 millones de dólares, pero algunos expertos y organismos internacionales indicaron que la cifra real fue un 20 % inferior y ronda los 24.000 millones.