Eduardo Santana

La Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) iniciar una investigación por presuntos abusos contra ciudadanos estadounidenses, residentes legales y otros visitantes en los puertos de entrada de la frontera con México.

La queja, enviada de manera formal ayer, cita testimonios de 11 presuntas víctimas de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a quienes se violaron sus derechos cuando cruzaban la frontera, informó hoy ACLU en rueda de prensa en San Diego.

Según ACLU, acciones como uso de fuerza excesiva, ignorar procesos legales y confiscación de propiedad en forma injustificada, constituyen violaciones de la Constitución, de las leyes internacionales y de los propios reglamentos de la agencia.

"Simplemente no hay justificación por el tipo de abuso innecesario que los oficiales de CPB cometieron contra muchos viajeros", dijo Sean Riordan, abogado de la ACLU de los condados de San Diego e Imperial.

"A muchos de ellos los agentes les dicen que no tienen derechos. Pero el gobierno debe cumplir con los derechos básicos y constitucionales incluso cuando vigila la frontera", añadió Riordan, quien considera inaceptable que CBP no haya establecido suficiente supervisión y mecanismos para impedir estos incidentes.

Uno de los más sonados es el de Anastasio Hernández-Rojas, un trabajador de la construcción de 42 años y padre de cinco hijos que murió luego de que fuera golpeado y sujeto a los efectos de una pistola eléctrica en mayo de 2010.

Organizaciones comunitarias, junto a la viuda de Hernández, María Puga, pusieron en marcha una campaña nacional demandando al presidente Barack Obama ordenar una investigación sobre el caso, en el que no se han presentado cargos contra agentes tras casi dos años, luego de que la cadena pública PBS presentara un documental con nueva evidencia de vídeo sobre el incidente.

En junio de 2010, Sergio Adrián Hernández Güereca, un adolescente mexicano de 15 años, murió luego de que un agente de CBP le disparara en la frontera en El Paso (Texas) como una respuesta ante un supuesto ataque con rocas.

La queja, de 17 páginas, indica que los individuos sufrieron ataques de pánico, y que en un caso una persona fue atada con una cadena de su pulgar del pie a una banca, además de presionarlos para que en interrogatorios declararan que no habían nacido en EE.UU. pese a ser ciudadanos por nacimiento.

Los ataques verbales de agentes de CBP incluyeron comentarios del tipo "mojados" y "estar invadiendo mi país".

ACLU documentó el caso de Hernán Cuevas, un hombre de negocios chileno que buscaba ingresar a EE.UU. con una visa válida y que fue cateado y detenido por más de tres horas sin explicación.

De acuerdo con la organización de derechos civiles, un funcionario de CBP increpó a Cuevas con malas palabras y tono amenazante. La respuesta del chileno fue de perplejidad, "no podía creer que estaba en EE.UU. El incidente fue tan bizarro que acomodaba perfectamente con una república bananera, un lugar corrupto sin democracia", dijo.

Otro caso es el del ciudadano estadounidense Marc Ballín, que el 25 de febrero de 2011, en el puerto de entrada de San Ysidro, California, regresaba de México cuando intentó meterse en la fila, fue descubierto y pese a disculparse fue esposado, su cabeza azotada en un escritorio antes de ser golpeado, pateado y empujado, lo que lo obligó a ir al hospital por heridas en el hombro y muñeca.

En abril de 2009, Trosky Vásquez, también ciudadano y exinfante de marina, regresaba a EE.UU. junto con su esposa y un amigo cuando fue detenido, golpeado y amenazado con la pistola eléctrica.

Luego de ser liberado sin explicación y pedir los nombres de los funcionarios involucrados, un supervisor le dijo que las reglas eran diferentes en la frontera, pues la Ley Patriota protegía a los funcionarios.

En varios testimonios, los agentes de CBP atacaron físicamente a viajeros, esposándoles sin causa y realizando cateos sin justificación, en forma tal que varios de ellos se sintieron como si hubiesen sido agredidos sexualmente, de acuerdo con la queja.

La ACLU pide una investigación de cada caso, que el Inspector General del DHS atienda las quejas en los puertos de entrada y que implemente cambios institucionales en el entrenamiento y mecanismos de responsabilidad para prevenir nuevos abusos.

También se sumaron a la carta las oficinas de ACLU en Arizona, Nuevo México, Texas, su Proyecto de Derechos de Inmigrantes, y su Programa de Derechos Humanos.EFE