Un grupo de líderes indígenas que fueron capturados por el ejército en una población del noroeste de Guatemala que se encuentra bajo estado de sitio, quedaron sujetos a proceso y encarcelados por presuntamente protagonizar una protesta en que un soldado resultó herido.

El vocero del ministerio Público, Ricardo Marroquín, informó el viernes a The Associated Press que "las primeras ocho personas detenidas el 2 de mayo fueron trasladadas a la capital donde un juez decidió enviarlos a prisión preventiva".

Se les adjudicaron los cargos de asociación ilícita, robo agravado y atentado, explicó Marroquín..

Otras tres personas, entre las que se encuentra una mujer de 74 años, fueron arrestadas el jueves en Santa Cruz Barillas, una inaccesible localidad fronteriza con México ubicada a unos 200 kilómetros al noroeste de la capital, en donde el presidente Otto Pérez Molina decretó el martes un estado de sitio después de que 200 personas incursionaran en el destacamento militar en protesta por el crimen de un lugareño perpetrado por pistoleros horas antes.

Ninguno de los detenidos es sospechoso de haber matado al campesino, dijo Marroquín.

Líderes indígenas nacionales, entidades académicas y organizaciones de derechos humanos consideran que el estado de sitio busca amedrentar a la población local debido que se oponen a la construcción de un proyecto hidroeléctrico autorizado por el gobierno en esa jurisdicción.

Según Sergio Morataya director de Comunicación Social de Hidro Santa Cruz S.A., la empresa encargada de la represa, no busca expandir el proyecto. Morataya dijo que las negociaciones con las comunidades "terminaron el año pasado con la venta de 21 hectáreas" y negó que el campesino asesinado haya sido uno de los que les vendió sus tierras.

"Este es un proyecto chiquito. Nosotros terminamos de negociar hace tiempo y la persona que murió no pertenece al grupo de 12 vendedores", afirmó.

Morataya dijo que desde el 28 de abril hasta el 5 de mayo, los empleados de la firma estaban de feriado.

Hidro Santa Cruz S.A. es una subsidiaria de la española Hidralia Energía S.A. la cual opera en otras áreas de Guatemala y Ecuador. La casa matriz, en La Coruña, no respondió las llamadas de AP en busca de comentarios sobre los acontecimientos en Huehuetenango.

Guatemala tiene desde el 2003 una ley de incentivos para el desarrollo de energía renovable, que prevé tener para el 2022 más del 60% de la energía sea generada a través de fuentes renovables como el agua y el hidrogas.

Rafael Argueta, director de proyectos estratégicos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) que supervisa los estudios de impacto ambiental de empresas que quieren desarrollar proyectos en Guatemala dijo que Hidro Santa Cruz tiene una autorización para construir la hidroeléctrica desde el 2009.

Sin embargo, el proceso ha sido criticado por comunidades rurales y organizaciones que acusan a estas empresas de violar el proceso de consultoría necesario para desarrollar estos proyectos.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, señaló recientemente que líderes comunitarios en Santa Cruz Barillas habían denunciado actos de intimidación con anterioridad a la toma del destacamento.

Dado lo inaccesible de la comunidad y los escasos medios para comunicarse con los lugareños, se cuenta con poca información sobre el desarrollo de los eventos en el pueblo y de las operaciones que los militares están emprendiendo.

Con su decisión de imponer estado de sitio, Pérez Molina, el primer militar que gobierna Guatemala desde la reinstauración de la democracia en 1986, le confirió al ejército facultades para detener a civiles sin orden de juez, realizar allanamientos a moradas y reprimir por los medios que considere pertinentes cualquier grupo, asociación o manifestación que contravenga las disposiciones que tomen en el lugar.

La directora del Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), María Concepción Sáenz, expresó que la repentina remilitarización de la zona "es complicada para esa área que fue muy golpeada durante el conflicto armado en el país".

Morataya culpo a los líderes comunitarios de pertenecer a "los mismos grupos guerrilleros marxistas" de otrora, los cuales han cambiado "la lucha de clases por la lucha ambientalista".

La guerra civil de 36 años en Guatemala terminó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Dejo más de 200.000 muertos y desaparecidos, en su mayoría civiles, entre campesinos indígenas, líderes sindicales, sociales, universitarios.

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El periodista de la AP, Daniel Wolls, contribuyó a este despacho desde Madrid, España.

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Romina Ruiz-Goiriena está en Twitter como https://twitter.com/romireportsAP