El abogado Pedro J. Montano, defensor del ex dictador Gregorio Alvarez, informó el viernes que presentó en Ginebra en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un reclamo para que el general retirado sea liberado de la prisión.

Alvarez, de 86 años, cumple una condena de 25 años de cárcel en Uruguay por 37 homicidios.

El ex gobernante militar es objeto de una "detención ilegal", "arbitraria" y con claro "espíritu de venganza", adujo el abogado Montano.

Informó que se presentó el pedido de libertad para Alvarez ante Claudia Gerez que es la oficial de Derechos Humanos de Uruguay. Una copia del documento fue entregada a la AP en forma exclusiva por el propio abogado defensor.

La condena a 25 años de prisión para el ex dictador "equivale -en su caso- a una cadena perpetua", por lo que se aboga por la prisión domiciliaria como "una exigencia humanitaria, cuyo cumplimiento solicitamos en este acto, antes de que muera injustamente en la cárcel", dice el documento.

El escrito describe la aparición en los años 60 del movimiento de los tupamaros que se alzaron en armas contra gobiernos democráticos, la posterior declaratoria de guerra por parte del Congreso en 1972, la intervención militar para combatirlos y el golpe de estado de junio de 1973.

Alvarez, de 86 años, fue el último presidente de facto y que entregó el poder en 1984 para que en marzo de 1985 asumiera, tras las elecciones, el presidente Julio M. Sanguinetti.

"Como se expondrá, dicha detención además de ilegal reviste la calidad de arbitraria y con un muy claro sentido de venganza de quienes hoy gobiernan e integran los poderes del estado", dijo el escrito.

"La prisión del teniente general Alvarez constituye entonces una violación a los derechos humanos", afirma.

Alvarez fue procesado y enviado a la cárcel el 17 de diciembre de 2007 y condenado por el juez penal Luis Charles por "homicidio especialmente agravado de 37 personas, en calidad de coautor".

Montano avala su presentación indicando que además en el proceso de restablecimiento democrático hubo dos pronunciamientos del cuerpo electoral, favorables al mantenimiento de una ley que amnistió a militares de la dictadura y que se sancionó en 1986 como contra-parte de una amnistía para los tupamaros y presos políticos de 1985.