Los sindicatos mayoritarios de izquierda en España convocaron el viernes a una huelga general el 29 de marzo en protesta contra la reciente reforma laboral, en el primer gran desafío que enfrenta el gobierno conservador menos de tres meses después de asumir el poder.

Los comités de dirección de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras aprobaron por unanimidad el paro, que definieron como la última medida de presión posible tras la negativa del presidente Mariano Rajoy a abrir un diálogo para retocar la nueva legislación laboral.

"Es la reforma más regresiva de la historia de la democracia en España", dijo el secretario general de las Comisiones Obreras, Ignacio Fernández-Toxo.

"La huelga general que hemos convocado es justa y necesaria", añadió el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez. "Esta reforma es una ofrenda a las exigencias de los mercados financieros".

El gobierno lamentó la decisión de los agentes sociales y aseguró que había mantenido hasta 32 reuniones con las centrales sindicales sin que finalmente fuera posible el consenso.

Si nadie lo remedia antes, el 29 de marzo se vivirá la octava huelga de la era democrática inaugurada en España tras la muerte de Francisco Franco en 1975 y la segunda en menos de dos años.

El propio Rajoy parecía estar convencido del paro. Hace unas semanas, una cámara de televisión captó una conversación teóricamente privada en la que el presidente español aseguraba a un colega europeo en Bruselas que la reforma laboral le iba a costar una huelga.

El Ejecutivo aprobó en febrero una nueva ley que abarató considerablemente las condiciones de despido, en un intento por frenar la sangría del desempleo, cuya tasa roza 23%.

El texto fue convalidado el jueves en el Parlamento gracias a la amplia mayoría del centroderechista Partido Popular en la cámara baja. No obstante, la normativa está sujeta a debate y posibles enmiendas a lo largo de los próximos meses.

La nueva ley elimina la indemnización de 45 días por año trabajado y la sustituye por una de 33 días. Pero además, el texto revisa la flexibilidad laboral y el llamado despido objetivo o procedente.

En ese sentido, las empresas que registren pérdidas o tres trimestres consecutivos de caída de ingresos podrán despedir empleados con una compensación de 20 días por año trabajado.

Los sindicatos señalaron que la reforma es injusta para el trabajador porque favorece el despido masivo. Además, consideraron que la ley no tiene encaje posible en una economía al borde de regresar a un escenario de recesión.

"Se va a producir una regresión brutal de la contratación, instalando el despido libre y gratuito", señaló Fernández-Toxo.

Por su parte, el gobierno dijo que la ley permite a los empresarios buscar otras opciones antes que acudir a la vía del despido y señaló que cuando los vientos económicos soplen favorables será más fácil crear empleo.

De hecho, y a corto plazo, el propio Ejecutivo admitió que en 2012 podrían destruirse otros 630.000 puestos de trabajo lo que podría elevar hasta casi 6 millones el número de desocupados en el país.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría señaló que una huelga no ayuda en momentos de crisis económica y recordó que la ley todavía está sujeta a debate y posibles enmiendas en el Parlamento.

Aunque admitió que la intención del Partido Popular es mantener el grueso de lo ya aprobado.

"Respetamos el derecho de todos a la huelga", dijo Sáenz de Santamaría al término del habitual Consejo de Ministros de los viernes. "Pero seguimos pensando que (la huelga) no es la solución, pensamos que en momentos de graves dificultades para todos, los ciudadanos valoran esfuerzos constructivos", agregó.

España ha puesto en marcha duros ajustes para solventar sus problemas de deuda. La austeridad se ha visto agravada con las malas perspectivas a medio plazo.

La economía española se contrajo un 0,3% en el último trimestre del año pasado y se espera que caiga en recesión en 2012 por segunda vez en tres años.

El gobierno estima una contracción de 1,7% del Producto Interno Bruto para este año.

El último paro convocado por la Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010, cuando los socialistas estaban todavía en el poder, en rechazo a los planes de austeridad y otra reforma laboral, menos dura que la actual. Su seguimiento fue muy desigual.