El vicepresidente Alvaro García Linera dijo que es injusta y abusiva la demanda de arbitraje que realiza la empresa británica Rurelec en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la nacionalización del 50% de las acciones de una empresa eléctrica.

En tanto, la Procuraduría General del Estado señaló en un comunicado de prensa que "defenderá al Estado boliviano haciendo uso de todos los recursos y las estrategias ya previstas".

"Hay una diferencia entre la pretensión millonaria injusta de la empresa (Rurelec) y la posición del Estado, es la brecha sustancial en esta controversia, que será dilucidado a través de esta forma (el arbitraje)", agregó el documento.

La empresa británica exige una compensación de 142,3 millones de dólares por la nacionalización de 50% de la empresa eléctrica Guaracachi, que fue nacionalizada por el presidente Evo Morales en mayo de 2010.

El viernes, la procuraduría recibió la demanda formal de Rurelec y su filial estadounidense Guaracachi América Inc, mediante el aviso de la Secretaría de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

"Lo que está haciendo Rurelec es un acto de abuso y prepotencia empresarial, nos vamos a defender como Estado boliviano y demostrar que no se puede indemnizar con semejante cantidad de dinero a una empresa privada que no ha invertido", dijo el vicepresidente en un acto en la ciudad vecina de El Alto, según publicó el lunes el diario La Razón.

Morales también nacionalizó las eléctricas Corani, Valle Hermoso y la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba (ELFEC) de propiedad de los trabajadores y ciudadanos de esa ciudad.

"Esperamos que Bolivia ahora pague por la compensación que debe a Rurelec por la nacionalización de Guaracachi, para que el Grupo Rurelec pueda reinvertir en activos de sustitución de generación de energía en América Latina", señaló Peter Earl, director ejecutivo, en la página de internet de la empresa.

Rurelec pidió en noviembre de 2010 que se le compense por 79,3 millones de dólares, pero a la fecha casi ha duplicado su pedido.

Según el comunicado de Rurelec, la demanda no es apelable en el fondo del asunto y que "de acuerdo con el proceso establecido en el 2010 de acuerdo a la reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas... si no hay un acuerdo, la audiencia final del grupo arbitral procede tras la presentación de todas las comunicaciones escritas prevista para abril de 2013".

El Estado boliviano anunció en 2010 que no indemnizará a Rurelec ya que la compañía arrastra deudas.

Morales inició su política de nacionalización en el primer año de su gestión, en mayo de 2006. Nacionalizó los hidrocarburos y poco después la Empresa de Telecomunicaciones de Bolivia, Entel, que tenía capitales italianos.

Después de que este país renunció en 2009 al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), Morales continuó con la nacionalización de las empresas eléctricas.

En el marco de esa política de nacionalizaciones, al menos siete procesos se emprendieron contra el Estado pero en el periodo de conciliación se llegaron a acuerdos. Rurelec es la empresa con la que desde el 2010 no ha podido llegar a un acuerdo sobre la compensación de sus acciones.