El gobierno argentino dispuso el martes la intervención de la compañía que tiene a su cargo la concesión del servicio del tren que se accidentó la semana pasada, causando la muerte de 51 personas y heridas a más de 700.

La resolución oficial dispone la intervención administrativa, técnica y operativa del contrato de explotación de las líneas de ferrocarril a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) para garantizar la seguridad de los pasajeros y la continuidad del servicio.

La medida fue dada a conocer en una declaración de prensa del secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el ministro de Planificación Julio De Vido. Se extenderá por el plazo de 15 días o el tiempo que demanden los peritajes para determinar las causas del choque del tren contra el paragolpes de la estación Once el pasado miércoles.

El lunes la presidenta Cristina Fernández había dicho que no se tomaría ninguna decisión sobre el servicio de ferrocarril hasta tanto la justicia no se expidiera sobre las causas y los responsables del accidente.

"Es una tragedia que nos conmueve permanentemente y la resolución, que firmé hace pocos minutos, sigue precisas instrucciones de la señora presidenta, con la que estuvimos trabajando todo este fin de semana para formalizar la intervención", dijo De Vido.

El accidente de Once fue una de las más graves tragedias ferroviarias en la historia del país.

La intervención fue uno de los primeros reclamos al gobierno tras el siniestro, que puso nuevamente el foco sobre el deterioro del servicio ferroviario prestado por empresas privadas que reciben millonarios subsidios y la falta de controles por parte del Estado.

La línea Sarmiento, que es explotada por la empresa desde 1995, estuvo involucrada en otro accidente en febrero de 2011 cuando un tren embistió un autobús de pasajeros que cruzó la barrera baja, con un saldo de 11 fallecidos.

En 2008 un informe de la Auditoría General de la Nación había denunciado a la compañía por falta de mantenimiento en las formaciones, que en su mayoría datan de la década de 1960, y había advertido que de no tomarse medidas urgentes existía un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

El informe no fue tomado en cuenta por el Ejecutivo ni por el Congreso, según el auditor Leandro Despouy.

La compañía no se ha pronunciado aún sobre la intervención, pero tras el accidente uno de sus directivos manifestó que el servicio era "aceptable" y que el accidente podía atribuirse a una falla humana del conductor.

El maquinista Marcos Córdoba declaró ante la justicia que los frenos del tren fallaron.

Schiavi dijo que los 4.500 trabajadores de la empresa "tienen que tener tranquilidad de que la intervención es trabajar con ellos y no contra ellos".