Las dos organizaciones de juristas que representaron a las familias de muertos y desaparecidos en Mapiripán dijeron hoy que la audiencia seguida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) hizo evidente que fue el Estado colombiano el que reconoció a las 21 víctimas de esos hechos.

La vista también hizo visible la "negligencia" de Colombia en la individualización de víctimas y el establecimiento de su número, consideraron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"(Cajar) en un comunicado conjunto difundido en Bogotá.

Ambas organizaciones, que actuaron ante la CorteIDH como representantes de víctimas de la matanza de Mapiripán, participaron en la audiencia de supervisión convocada el miércoles en San José, sede del tribunal, por solicitud del Gobierno colombiano.

El Ejecutivo en Bogotá pidió a la Corte Interamericana que revise su sentencia de condena al Estado, proferida en 2005, luego de que una familiar de supuestas víctimas se retractara ante fiscales de su país.

Los hechos de Mapiripán, remota localidad del departamento central del Meta, fueron cometidos en 1997 por paramilitares y dejaron un número de víctimas, entre muertos y desaparecidos, que se había calculado en 49.

"En los procesos internos, los testimonios de las víctimas, testigos presenciales e incluso las confesiones de los propios perpetradores coinciden en afirmar que fueron por lo menos dos decenas las víctimas de la masacre de Mapiripán", advirtieron el Cejil y la Cajar.

Las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) agregaron que, en un informe de abril pasado, la Fiscalía General "nomina a 77 personas como posibles víctimas de la masacre".

"Estos hallazgos procesales contrastan con afirmaciones del Ejecutivo colombiano que, sin negar la existencia de la masacre, pretenden reducir su magnitud, hablando de 6 o 12 víctimas", continuaron las ONG.

Tras lamentar que el Gobierno ofrezca información imprecisa y tienda a deslegitimar a las víctimas, a desacreditar a sus representantes y a cuestionar la legitimidad de los órganos interamericanos, las fuentes resaltaron que en este contencioso el contenido como tal de la sentencia de 2005 "no ha sido cuestionado".

La CorteIDH concedió este miércoles a Colombia tres meses para que le presente una solicitud formal de revisión del fallo, con pruebas sobre las víctimas falsas.