Australia, el país del mundo industrializado con el mayor nivel de emisiones por habitante, aprobó hoy un impuesto sobre los gases de dióxido de carbono para combatir el cambio climático.

El conjunto de 18 medidas fue aprobado en el Senado con 36 votos a favor y 32 en contra, tras una larga y dura polémica causada por este gravamen, que el Gobierno laborista de la primera ministra Julia Gillard considera uno de los pilares de su política.

Tras conocer el resultado de la votación, Gillard dijo en Camberra que se trata "de un importante hito en los esfuerzos de Australia para frenar la contaminación por emisión de carbono y aprovechar las oportunidades económicas y laborales del futuro".

A partir del 1 de julio de 2012, las cerca de medio millar de compañías de Australia que se sitúan entre las que más contaminan, la mayoría de los sectores eléctrico, minero y energético, tendrán la obligación de pagar un impuesto de 23 dólares australianos (23,7 dólares estadounidenses ó 17,3 euros) por cada tonelada de dióxido de carbono que emitan a la atmósfera.

La cuantía de dinero que las empresas deberán pagar al Estado por este concepto aumentará gradualmente hasta julio de 2015, año en que se aplicará un sistema de comercio de emisiones similar al que está en vigor en la Unión Europea (UE), basado en que sea el mercado internacional el que establezca los precios.

El precio por emisión fijado en Australia es hasta ahora el más alto del mundo, ya que en los países de la UE pagan un máximo de 12,60 dólares australianos (13 dólares o 9,5 euros) por tonelada, el nivel más bajo de los últimos cuatro años, según la prensa australiana.

El ministro para el Cambio Climático, Greg Combet, explicó que la crisis en Europa ha causado un descenso de los precios de las emisiones contaminantes y confió en que se estabilicen en los próximos años.

Por su parte, el legislador laborista en el parlamento estatal de Victoria Telmo Languiller declaró a Efe tras la votación que "Australia puede y debe" pagar este impuesto porque su Producto Interior Bruto (PIB) es "trillonario" y las principales empresas contaminadoras "tienen ganancias de miles de millones de dólares".

Con esta medida, Australia pretende recortar sus emisiones en 160 millones de toneladas de dióxido de carbono al año para 2020, lo cual significa reducirlas en un 5 por ciento en relación con los niveles de 2000.

Australia, cuya densidad de población es relativamente baja, es responsable del 1,5 % de la emisión global de gases de efecto invernadero, cantidad inferior a la que generan Estados Unidos o Japón, pero está a la cabeza del resto de naciones desarrolladas si se tiene en cuenta su número de habitantes, cerca de 21,7 millones.

El nuevo impuesto ha sido considerado como uno de los principales cambios realizados en la economía de Australia, país en el que se han realizado varias reformas en las últimas décadas como la reducción de aranceles, el impuesto al consumo, la liberalización del sector financiero y del mercado de divisas.

La coalición opositora de liberales y nacionalistas ha acusado al Gobierno de Gillard de incumplir su promesa electoral de que no iba a introducir esta tasa.

El líder de la oposición, Tony Abbott, quien se encuentra en Londres, señaló en un comunicado que "Gillard y el Partido Laborista han confirmado legalmente su traición al pueblo australiano" y se comprometió a derogar la ley si gana los comicios en 2013.

"Mientras más tiempo esté vigente este impuesto peores serán las consecuencias para la economía, los trabajos y las familias", apuntó Abbott.

Para mitigar el efecto de la medida en los consumidores por el traslado de estos costes a la factura de la electricidad entre otros productos de primera necesidad, el Gobierno destinará la mitad de los ingresos que recaude a financiar incentivos tributarios y diversas ayudas sociales.

Además destinará unos 9.200 millones de dólares australianos (9.523 millones de dólares o 6.926 millones de euros) en los primeros cuatro años a ayudar a las industrias contaminantes, que tendrán que competir con otras empresas extranjeras exentas de pagar el citado impuesto.

Por Rocío Otoya.