Líderes comunitarios y activistas hispanos del sureste del país y de Arizona iniciaron una reunión de tres días el jueves en Alabama para ayudar a organizar a la comunidad de inmigrantes de ese estado y comenzar una campaña para revocar su estricta nueva ley sobre inmigración.

Unos 30 intercesores, la mayoría de la región sudeste de Estados Unidos, colaborarán con más de 35 activistas y dirigentes de todo Alabama durante las sesiones que se centran en hacer frente a las disposiciones de la nueva ley y calmar los temores sobre sus secciones más duras.

Los líderes esperan formar grupos locales que servirán como organizaciones de apoyo a los inmigrantes de todo el estado, al unirlos y mantenerlos informados sobre la ley y cualquier modificación a la misma.

Pero los que se oponen a la nueva ley dijeron que no se piensan detener ahí.

"Una gran parte de eso es poner en marcha una campaña de derogación", dijo Víctor Spezzini, el organizador comunitario jefe de la Hispanic Interest Coalition de Alabama.

Un legislador demócrata ya ha dicho que presentará un proyecto de ley para derogar la ley aprobada por la legislatura controlada por los republicanos, la cual está siendo impugnada en los tribunales federales por el gobierno de Barack Obama, grupos privados e individuos. Los partidarios republicanos dicen que lucharán contra cualquier intento para destruir la ley cuando los legisladores vuelvan a sesionar el próximo año.

Descrita tanto por sus partidarios como por sus críticos como la medida estatal más dura contra la inmigración ilegal, la ley permite a la policía detener a cualquiera que sea sospechoso de estar sin permiso legal en el país y prohíbe a las agencias del gobierno hacer negocios con inmigrantes que no demuestren estar en el país legalmente. Los tribunales han bloqueado algunas secciones, incluyendo el requisito de que las escuelas públicas verifiquen la ciudadanía de los estudiantes.

Los partidarios sostienen que las enérgicas medidas son necesarias para liberar empleos para los residentes con autorización legal y reducir el gasto estatal en servicios para inmigrantes, pero los opositores las describen como mezquinas y racistas.