Los gobiernos federal y estatales se enfrascaron el lunes en un debate sobre las dificultades para avanzar en la depuración de las policías locales en México, un país que enfrenta en diversas zonas la violencia de carteles de las drogas que en algunos casos reciben el apoyo de agentes.

En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que reúne autoridades federales y estatales, algunos gobernadores sostuvieron que la falta de expertos en aplicar pruebas de poligrafía y la gran cantidad de policías hacía difícil avanzar en la depuración de las corporaciones policiacas, cuya totalidad de integrantes deben ser sometidos por ley a exámenes y controles de confianza a más tardar en enero de 2013.

En reuniones previas del consejo, los gobiernos estatales se habían comprometido a acelerar el proceso para que hacia mayo de 2012 estuvieron depurados todos los mandos altos y medios, además de la mitad de todos sus policías. Sin embargo, ahora algunos estados advierten que será difícil lograrlo.

"No es posible en el caso de muchas entidades federativas. No se puede", afirmó Marcelo Ebrard, alcalde de la ciudad de México, que tiene el mayor número de policías de todo el país.

Un reciente reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que de los poco más de 458.000 policías (incluidos mandos y elementos operativos) que deben ser evaluados en total, 238.841 deben estar depurados hacia mayo de 2012. Sin embargo, aún estaban pendientes poco más de 204.000 agentes por ser evaluados para el quinto mes del próximo año.

Tras escuchar a los gobernadores, el presidente Felipe Calderón sostuvo que el tema de la depuración es un asunto "vital" para la seguridad del país.

"Seamos francos, no existen cuerpos policiacos confiables en las entidades de la República... no en todas", dijo el mandatario, quien ha insistido a lo largo de su mandato que una razón de desplegar a las fuerzas armadas en niveles inéditos para enfrentar al crimen organizado ha sido la falta de profesionalización e infiltración de las policías locales.

"Sabemos que muchos delincuentes están metidos en la policía y están protegidos por la policía, ese es el problema medular de las ciudades que tienen mayor crisis de seguridad en este momento", dijo.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en vigor desde enero de 2009, establece que todos los miembros de las instituciones de seguridad deberán ser evaluados en un plazo de cuatro años, que se cumplirá en enero de 2013.

Al final del encuentro, los gobernadores y el Ejecutivo acordaron que hacia finales de 2011 cada estado presentará un plan para que de acuerdo a sus necesidades y posibilidades se avance en la depuración para cumplir con la meta hacia 2013.