Un fiscal colombiano de derechos humanos llamó hoy a juicio a un antiguo oficial del Ejército y a otros dos militares por su presunta responsabilidad en la muerte de tres civiles que reportaron como guerrilleros caídos en combate.

Los tres uniformados, todos ellos retirados de la fuerza a la que pertenecían, deberán comparecer por el delito de homicidio en persona protegida (por el derecho internacional humanitario), según informó en Bogotá la Fiscalía General.

El cargo tuvo origen en hechos que se presentaron el 27 de abril de 2005 en San José de Oriente, paraje rural de La Paz, población departamento del Cesar (noreste), en el que los acusados estaban acantonados como miembros de un batallón de lucha contraguerrillera.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que la tropas reportaron entonces "la muerte de tres hombres no identificados pertenecientes a las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), durante combate librado en el corregimiento San José de Oriente".

Las víctimas eran tres jóvenes que un día antes habían salido de sus domicilios en Baranoa, población del departamento caribeño del Atlántico, tras haber sido contactados para un supuesto trabajo como recolectores de café en una finca del Cesar.

"En su providencia, el fiscal del caso señaló las contradicciones detectadas en las versiones de los procesados, (y) también se refirió al detalle de que uno de los supuestos subversivos muertos hubiera estado en el monte combatiendo calzado con mocasines" advirtió la entidad judicial.

Además, el investigador estableció por testimonios de amigos y vecinos que los jóvenes no pertenecían a ningún grupo armado ilegal, y obtuvo informes técnicos que desmienten la versión del choque armado.

Los implicados son un teniente y dos soldados profesionales que por la época de los hechos pertenecían al batallón La Popa, con otros antiguos miembros procesados por "falsos positivos", nombre dado en Colombia a esta práctica de ejecución extrajudicial.

Son hechos atribuidos a militares que los presentan como rebeldes muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios.

Más de 2.000 casos de esta práctica han sido documentos y son investigados por la fiscalía, que ha vinculado con ellos a unos 1.487 militares, al menos cien de los cuales han sido condenados.