Encapuchados irrumpieron una concentración de decenas de miles de estudiantes que exigen mejoras educacionales, se enfrentaron a la policía, sacaron las mangueras de una gasolinera y vaciaron el combustible.

En la protesta participaron unas 100.000 personas, según dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) que convocó a la manifestación. De momento la autoridad no ha entregado cifras.

Dos marchas que partieron de lados opuestos de la ciudad se encontraron en un área distante a unas 20 cuadras del centro, y cuando se aprestaban a dispersarse después de un acto artístico fueron interrumpidos por pequeños grupos de encapuchados que atacaron de inmediato a la policía apostada en las cercanías.

De inmediato fueron repelidos con gases lacrimógenos y carros lanzaguas que también alcanzaron a los manifestantes. Los encapuchados aumentaron rápidamente en número y las refriegas con la policía se hicieron más violentas.

Los estudiantes desaparecieron y las avenidas cercanas al punto de reunión fueron escenario de barricadas incendiarias levantadas por señales de tránsito destrozadas por los encapuchados.

Un momento de peligro se vivió cuando los vándalos atacaron una gasolinera, sacaron las mangueras y vertieron combustible. La policía logró echarlos y formaron una barrera con carros lanzaguas, luego dispusieron un piquete de policías y otros vehículos para proteger el lugar. Incluso se cortó la electricidad para evitar que alguna chispa.

En medio del caos, se pudo ver a varias personas heridas por piedras lanzadas a distancia y con mucha fuerza.

Antes de la aparición de los encapuchados, decenas de miles de jóvenes caminaron en medio de cánticos, bailes y coloridas coreografías, con absoluta tranquilidad.

Camilo Ballesteros, uno de los líderes de la Confech, criticó las acciones de violencia y dijo que ellas perjudican al movimiento estudiantil porque la discusión se centra en los desórdenes y no en los problemas educacionales.

Las marchas fueron autorizadas por la gobernadora regional, Cecilia Pérez, que interpuso una querella contra quienes el martes incendiaron un autobús de la locomoción pública. Pérez presentó una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado, que establece hasta 10 años de cárcel para quienes ocasionen daños a los servicios públicos.

El Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla dijo que por la noche del martes hubo acciones vandálicas en barrios pobres y que encapuchados intentaron quemar una sede bancaria y una gasolinera. Dijo que dos policías están heridos con balines.

Los secundarios y universitarios están próximos a cumplir seis meses movilizados en demanda de una educación gratuita y de calidad. El diálogo con el gobierno se interrumpió en la primera reunión porque no hubo acercamientos en torno a la gratuidad.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera rechaza la gratuidad en la educación porque afirma que los pobres subsidiarían a los ricos, mientras los estudiantes propician una reforma tributaria para financiarla, y creó una comisión de expertos, mayoritariamente economistas, para que recomienden fórmulas de financiamiento. Cuando los jóvenes concluyen sus carreras, arrastran una mochila de deudas por hasta 10 y 20 años.

Tanto el gobierno como la mayoría de los parlamentarios afirman que los problemas de la educación chilena deben ser resueltos en el congreso, donde ya hay dos proyectos de ley y otras iniciativas para entregar fórmulas de pago a unos 110.000 morosos de créditos bancarios y otro para rebajar la tasa de interés de los bancos de un 5,6 a un 2%. La diferencia en favor de las entidades financieras saldría de dineros fiscales.

Los jóvenes rechazan la tramitación de los proyectos porque ellos no tuvieron injerencia alguna en su elaboración.