La seguridad hídrica y el desarrollo de una economía verde serán temas clave que deberá abordar Latinoamérica de cara a la conferencia Río+20 el próximo año, de acuerdo con expertos de la ONU consultados por Efe.

Para la asesora de ONU-Agua, Helena Caballero, si se quieren lograr avances significativos en los compromisos de los gobiernos en relación con la conservación de los recursos hídricos, "es fundamental dar argumentos económicos a favor del valor de la ecología", y no solo apelar al discurso de la responsabilidad moral.

Caballero resaltó, durante un seminario para periodistas, que ante la realidad de que 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable, temas como seguridad hídrica y derecho humano al agua se vuelven impostergables.

Según estimaciones de ONU-Agua, una inversión del 0,16 % de PIB mundial permitiría reducir en cuatro años casi a la mitad la cantidad de personas sin acceso a agua potable y saneamiento.

"Si no se hace nada, en 20 años la demanda de agua será 40 % mayor a la oferta. El mayor riesgo es mantenernos como hasta ahora, por eso Río+20 será una oportunidad para tomar un nuevo rumbo", advirtió la especialista.

La oficial de Programa de Alerta Temprana y Evaluación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Andrea Salinas, explicó a Efe que Latinoamérica es la zona más rica en agua per cápita del planeta.

Latinoamérica cuenta con una capacidad de 7.231 metros cúbicos por persona por año, pero que sin embargo hay zonas de gran estrés hídrico.

Entre las áreas donde el abastecimiento de agua podría ser crítico en un futuro cercano destacan el valle central de Chile, el sur de Argentina, las costas de Perú y Ecuador, el altiplano boliviano, los valles de Colombia, el noreste brasileño, el norte de México y la costa pacífica de Centroamérica.

"El 80 % del agua en Suramérica se utiliza en agricultura y el 60 % en Mesoamérica; le siguen usos industriales y domésticos, pero además hay problemas de contaminación con metales pesados en Brasil, Ecuador, México, Brasil, Chile, Argentina y Perú", alertó Salinas.

En Río+20 es urgente llegar a acuerdos para establecer cargos por el uso del agua y por la contaminación generada, así como la aplicación de instrumentos financieros para mejorar el pago por servicios ambientales, señaló la funcionaria.

La directora adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para América Latina y el Caribe, Mara Murillo, reveló que las pérdidas económicas por la destrucción de la biodiversidad y los ecosistemas se ubica entre los 2,4 y 4,5 trillones de dólares por año.

En Río+20, acotó Murillo, se debe abordar con profundidad una "reforma urgente al sistema de subsidios para actividades que perjudican el ambiente, además de incorporar el valor de los servicios ambientales en la planificación nacional".

Murillo detalló a Efe que actualmente los subsidios a la "economía marrón", es decir, aquella que daña el ambiente, llegan a un billón de dólares al año.

Para el ingeniero ambiental y consultor del PNUMA, Jaime Severino, es necesario que los organismos internacionales y las organizaciones ambientalistas hablen a los gobiernos en un lenguaje económico que les haga ver las ventajas financieras de la economía verde.

Los estudios de la ONU muestran, aseguró Severino, que "invertir en recursos naturales generará mas ganancias a mediano y largo plazo, y esa es la clave de la economía verde".

"Una reasignación del 2 % del PIB mundial hacia actividades verdes haría que el empleo en agro aumente 4 % en 10 años; invertir en bosques aumentaría el empleo general en 20 %", puntualizó.

Para Caballero, Río+20 será una oportunidad de oro para "ecologizar la política", recordar que "la inversión en agua es equivalente a reducción de la pobreza" y, sobre todo, impulsar el "derecho humano a agua para todos pero no para todo".