El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, dijo hoy que pedirá que se levante la "reserva" de documentos sobre las armas que provocaron las muertes durante el alzamiento policial del 30 de septiembre de 2010 y otros temas cuya permanencia en secreto podría haber atrasado las investigaciones.

En una rueda de prensa el fiscal dijo contar con la "predisposición" del presidente Rafael Correa para que se atienda el pedido de levantar la reserva.

El propio Correa señaló hoy a la prensa que ha ordenado "que se desclasifiquen todos los documentos, que se vea el informe militar" sobre la revuelta.

Chiriboga dijo que pedirá al Consejo de Seguridad Nacional que levante la reserva de los documentos sobre "la identidad del armamento" que produjo las cinco muertes en Quito ese día.

El 30 de septiembre de 2010, decenas de policías protestaron, de forma violenta, por unos supuestos recortes salariales y mantuvieron retenido en un hospital de la institución en Quito por más de nueve horas al presidente Correa, quien fue rescatado esa noche tras una operación de militares, en medio de un tiroteo.

La familia de Froilán Jiménez, miembro del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que falleció durante el rescate de Correa, mantiene que lo mató una bala de tipo militar y exige al Gobierno que divulgue la lista de los soldados que participaron en la operación, uno de los documentos que supuestamente se ha mantenido secreto.

El ministro de Defensa, Javier Ponce, por su parte, dice que la Policía también disponía del tipo de arma y munición que mató al agente, por lo que no se podrían adelantar conclusiones hasta que las investigaciones arrojen mayores resultados.

Chiriboga reconoció que el retraso en las investigaciones referentes a militares probablemente se deba a "las dificultades de la reserva que se ha puesto en esos casos".

El fiscal divulgó una lista de 15 casos abiertos por los sucesos de ese día, que incluyen varios procesos por atentado contra la seguridad del Estado, homicidio, incluido el de Jiménez, y bloqueo del tránsito.

Anunció además que abrirá una investigación sobre la falta de "custodia" de la escena del crimen tras el rescate de Correa, de la que se encargará él mismo porque "podría haber ciudadanos (implicados) con fuero de Corte Nacional", es decir, "ministros, generales y altas autoridades", según aclaró a Efe.

Chiriboga se quejó de que "no sólo se limpió afuera, se limpió adentro" del hospital y recalcó que la responsabilidad no fue de la empresa municipal de limpieza de Quito, sino de los oficiales de policía que no acordonaron la zona para preservar las pruebas.

Por los sucesos del 30 de septiembre de 2010, la justicia ecuatoriana ha condenado a nueve policías, seis de ellos miembros de la escolta legislativa que impidieron a asambleístas acceder a la Legislatura y otros tres que estuvieron presentes en la revuelta.

Los tribunales han absuelto al entonces director del hospital policial, César Carrión, y al excoronel Fidel Araujo, a los que Correa ha criticado reiteradamente por su supuesta participación en el motín.