Unas 2.500 personas vestidas de blanco asistieron hoy a una misa en recuerdo de los 52 muertos en un incendio del casino Royale en Monterrey, norte de México, provocado por presuntos sicarios del grupo de los Zetas.

Los familiares aseguraron que la mayoría de las 52 personas que perdieron la vida en el casino fue debido a la negligencia y corrupción de las autoridades al permitir que el negocio operara sin permiso y sin las elementales medidas de seguridad.

El servicio religioso con la presencia de familiares, amigos y ciudadanos se celebró en la Basílica de Guadalupe de Monterrey, capital del estado norteño de Nuevo León, en la víspera de que se cumpla un mes del atentado.

"El casino fue habilitado por las autoridades sin realmente tener un permiso y protección civil no hizo lo suyo", dijo a Efe Eduardo Jiménez, quien perdió a su esposa en el atentado y que representa a los familiares de las víctimas.

"Estamos esperando los resultados del peritaje y parece que empieza a verse un poco de luz en torno al problema de corrupción que había en el casino", agregó Jiménez.

Mencionó que por un lado las autoridades se están peleando entre ellos repartiéndose las culpas y que no se han acercado a los familiares para informarles sobre los avances del caso.

"La responsabilidad de las víctimas también recae en el dueño, en las autoridades encargadas de la seguridad y de los funcionarios que le autorizaron abrir sin permisos", concluyó.

El pasado 25 de agosto miembros del grupo los Zetas incendiaron el casino debido a que sus dueños se negaban a pagar una extorsión y antes de quemarlo alertaron a los clientes para que se salieran.

La mayoría de las 52 víctimas murieron intoxicadas, sólo siete fueron encontrados calcinadas, ya que no pudieron salir porque las salidas de emergencia estaban selladas y el casino carecía de materiales tratados para retardar el fuego.

Hasta el momento las autoridades han detenido alrededor de una decena de los autores materiales.

Después del atentado se ha divulgado que el casino carecía de los permisos legales para abrir, que directivos de Protección Civil dieron el visto bueno a pesar de que carecía de las elementales medidas de seguridad y que jueces corruptos lo amparaban para operar.