Un opositor venezolano que demandó al estado de Venezuela por la violación a sus derechos políticos oficializó el sábado sus aspiraciones presidenciales al sostener que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó levantar las sanciones que le impiden postularse a un cargo de elección.

El ex alcalde Leopoldo López, acompañado de miles de sus seguidores, emplazó a Chávez a "jugar limpio" y no intentar bloquear su candidatura.

El político de 40 años aspira a ser candidato presidencial en los comicios del 7 de octubre de 2012.

"Desde el 2008 (Chávez) esta buscando mecanismos para sacarme del juego político, yo lo emplazo a que juegue limpio, a que esta contienda sea una contienda clara", dijo López.

Chávez desestimó el fallo de la CorteIDH y los funcionarios gubernamentales y electorales han dicho que esperaran una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en respuesta a la sentencia de la CorteIDH.

"Los derechos no se mendigan ni se regalan, los derechos se conquistan y se luchan por ellos; luchamos por nuestro derecho y los conquistamos", dijo López ante una multitud que lo vitoreaba.

Instó a Chávez a aceptar el fallo y a no esconderse detrás de las instituciones públicas.

"Señor presidente no se esconda detrás de los poderes públicos, no se esconda detrás de la Contraloría, del Tribunal Supremo de Justicia... asuma la habilitación que me toca", resaltó el político que adquirió fama como alcalde de una localidad vecina a Caracas.

Concentrados en una de las principales avenidas del este de Caracas, los seguidores de López ondeaban banderas venezolanas y bailaban a ritmo de tambores.

El ex alcalde nombró a varios ex hombres fuertes de América Latina, incluyendo al chileno Augusto Pinochet, al argentino Jorge Videla y el peruano Alberto Fujimori, que en su oportunidad se mofaron de las decisiones de la CorteIDH. "Decida usted si estará del lado de la historia de la democracia o del lado de... quienes también pretendieron violentar las decisiones" de la Corte, enfatizó.

La Contraloría General, entidad encargada de controlar la gestión de los funcionarios públicos, sancionó a mediados del 2005 con la inhabilitación para ejercer cargos públicos, alegando que López recibió entre 1998 y 2001 donaciones para su movimiento político de parte de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) cuando la madre del político, Antonieta Mendoza de López, trabajaba en esa empresa.

La Contraloría también sancionó en el 2004 a López, por presuntas irregularidades en el traspaso de recursos de una cuenta a otra del presupuesto de esa alcaldía.

López sostiene que el traspaso de recursos fue para honrar deudas con los trabajadores y en el caso de la donación, los datos de la Contraloría fueron "manipulados" porque lo que hubo fue la aprobación en 1998 de un proyecto para dotar a las comunidades de jueces comunitarios promovida la junta directiva de PDVSA para "Primero Justicia", que en ese momento era un grupo no gubernamental encabezado por López.

Primero Justicia posteriormente se convirtió en partido político y López fue elegido alcalde de Chacao, en el estado venezolano de Miranda, en agosto del 2000. Fue reelegido en octubre del 2004 y permaneció en el cargo hasta noviembre del 2008, cuando aspiraba a presentarse como candidato a la Alcaldía de Caracas, localidad vecina a Chacao.

La inhabilitación política de López comenzó a regir en el 2008, luego que dejó la alcaldía de Chacao.

El ex alcalde planea sumar su nombre a un nutrido abanico de contendientes que en unas primarias en febrero definirán quien de todos le disputará el poder a Chávez.

El Tribunal Supremo, cuyos jueces fueron designados por una Asamblea Nacional dominada por los chavistas y se les considera favorables al gobierno, serán los que deberán fallar respecto a la resolución de la CorteIDH favorable a las intenciones de López. Los candidatos de oposición aumentaron su presencia en el Legislativo en las elecciones de 2010.

"Si Chávez da la orden al día siguiente el Tribunal (Supremo), todos, aceptan la sentencia; él siempre tiene la última palabra", dijo en la concentración Carmen Ruiz, una ama de casa de 34 años.

Chávez niega vehementemente que ejerza algún control sobre los tribunales o el ministerio público.

Grupos internacionales de derechos humanos han denunciado que los fiscales y tribunales persiguen a los opositores al gobierno y han instado a Venezuela a cumplir con la sentencia en el caso de López.

"El gobierno de Venezuela se encuentra en un aprieto: Si rechazan la sentencia será una violación de la Constitución venezolana, si la aceptan, tendrán que permitir (la postulación) de un rival político que han perseguido durante varios años", dijo Sarah Wasserman, directora de operaciones de la sede en Nueva York de Human Rights Foundation.

Otros opositores también han enfrentado acusaciones o cargos criminales y han acusado al sistema judicial de Venezuela de actuar en concierto con el gobierno para perseguir a los probables adversarios de Chávez.

El ex candidato presidencial Manuel Rosales, quien perdió ante Chávez en las comicios de 2006, huyó al exilio en 2009 después que la fiscalía lo acusó de apropiarse de fondos públicos. Se le concedió asilo en el Perú y ha negado los cargos.

El opositor Oswaldo Alvarez Paz fue encarcelado durante casi dos meses y finalmente condenado por el delito de difundir información falsa sobre el gobierno en delcaraciones a Globovisión, donde afirmó que "Venezuela se ha convertido en centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico". El gobierno rechazó esas acusaciones.