El Gobierno venezolano lanzó hoy el denominado Plan Penitenciario para responder a la crisis carcelaria del país y atajar problemas como la violencia, el hacinamiento o el retraso procesal, que esperan resolver con el envío de juntas evaluadoras a las prisiones.

La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, anunció que el próximo 1 de octubre un total de 500 trabajadores del poder judicial se desplegarán en juntas evaluadores por los 34 centros penitenciarios del país con el fin de combatir esos atrasos en los procesos.

Los funcionarios "van a evaluar una a una las causas de todos los privados de libertad", indicó Varela tras destacar que está previsto que las juntas culminen su actividad el próximo 15 de diciembre.

El vicepresidente, Elías Jaua, y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, acompañaron a Varela en el lanzamiento del plan gubernamental.

"El retardo procesal genera impunidad y colapsa nuestros centros penitenciarios, por eso aprovecho este foro para llamar a los demás integrantes del sistema de justicia a sumar esfuerzos, a fin de que esta situación no siga ocurriendo", apuntó Ortega.

Jaua anunció la aprobación de 139 millones de bolívares extra (32,3 millones de dólares) para el sistema penitenciario por parte del presidente, Hugo Chávez, que se sumarán a los 400 millones inicialmente presupuestados (93 millones de dólares) para la materia.

A finales de julio, Varela aseguró que un 40 % de los presos del país, acusados de delitos menores, debían salir de las cárceles y que su despacho iniciaría un plan de "descongestión" por una cuestión de "justicia".

"De 50.000 presos del país, 20.000 deben estar fuera de la cárcel, merecen y es justo que estén afuera, tienen todas las condiciones legales", indicó.

Chávez creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario el pasado 26 de julio justo después de la crisis más larga y masiva del sistema carcelario en Venezuela en la cárcel de El Rodeo II, cercana a Caracas, y que durante casi un mes fue tomada por un millar de presos que resistieron un cerco militar.

Este episodio puso las cárceles en la cabeza de la lista de urgencias del Gobierno de Chávez, que llegó a comparar la situación con un "cáncer" y admitió la existencia de "mafias incrustadas" entre algunos miembros del Ministerio del Interior y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

Según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en 2010 murieron 476 reos y 958 resultaron heridos en las 34 cárceles del país.