El ministro de Justicia español, Francisco Caamaño, destacó hoy que la cooperación judicial internacional debe adaptarse a los cambios registrados en la delincuencia organizada, que "ha evolucionado a una criminalidad transnacional que emplea medios muy sofisticados".

Caamaño inauguró hoy en Madrid la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), que durante dos días debatirán sobre la corrupción y la cooperación jurídica internacional.

"El concepto de justicia penal circunscrita al territorio de un solo país se ha ido desmantelando, difuminando... Es la delincuencia transfronteriza la que se ha ido adaptando más rápidamente a los cambios", señaló el ministro, quien dijo que los Estados deben actuar en consecuencia.

Subrayó que "si la delincuencia es global, la Justicia debe tener esa dimensión" y manifestó que los Estados "no pueden seguir trabajando sólo en base a comisiones rogatorias o exhortos de colaboración".

Como ejemplo de la cooperación necesaria entre distintos Estados puso la lucha antiterrorista, tanto respecto a la red islamista Al Qaeda como, en el caso de España, la lucha contra la banda terrorista ETA, en la que este país cuenta con la ayuda inestimable de Francia e, incluso, de Portugal.

Por su parte, el secretario general de la COMJIB, Víctor Moreno, destacó que la corrupción está generalizada en el mundo y que "en el 75 por ciento de los países se considera un problema grave".

Dijo que la corrupción "no es un hecho cultural" propio de una determinada cultura o pueblo, sino que es "de coste y oportunidad"; es decir, que "cuando el poder de la Justicia penal se relaja, se generan las condiciones para actos de corrupción".

Moreno recordó que la corrupción tiene claras consecuencias económicas para los países que la sufren, y de acuerdo a estudios "si la corrupción aumenta un punto en una escala del 1 al 10, ello supone un descenso del 4 por ciento en el PIB".

Otra consecuencia de la corrupción es "la desafección de los ciudadanos hacia sus políticos, ya que "cuando la ciudadanía percibe que la corrupción se asienta en la clase política se produce ese rechazo, ese alejamiento".

Las sesiones de hoy y el viernes cuentan con la presencia de destacados juristas y fiscales de ambos lados del Atlántico, entre ellos José Peláez Bardales, fiscal supremo de Perú en los procesos seguidos contra el expresidente Alberto Fujumori; Francisco Dall' Anese, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala; Gilberth Calderón, quien incoó los procesos contra dos expresidentes de Costa Rica por corrupción; o Viviane Morales, fiscal general de Colombia.

Por parte española intervienen Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional, los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón, José Grinda y Antonio Salinas, o el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El combate contra la corrupción en Europa y América Latina, la lucha contra el crimen organizado, la investigación de los casos de corrupción en entramados internacionales, el blanqueo de capitales o la corrupción en la función pública son algunos de los temas a debate en estas jornadas.