El conflicto que desde hace más de tres meses tiene alterada la educación universitaria y secundaria de Chile entró en un punto muerto por la negativa oficial a acceder a las exigencias estudiantiles, aunque el ministro de Educación aseguró el viernes que el gobierno no apuesta a debilitar el movimiento para resolver el litigio.

El titular de Educación, Felipe Bulnes, rechazó la noche del jueves dos de las cuatro exigencias estudiantiles para sentarse a una mesa de diálogo que hace dos semanas habían acordado con el presidente Sebastián Piñera.

Los dirigentes estudiantiles reaccionaron de inmediato convocando a un nuevo paro nacional para la semana entrante. Los estudiantes, respaldados por otros sectores, han realizado desde junio multitudinarias manifestaciones callejeras, las mayores desde que se restableció la democracia en 1990.

A Piñera el conflicto le ha costado una fuerte baja en su popularidad, que según una última encuesta divulgada la semana pasada alcanza sólo el 27%.

La tesis de que el gobierno se está jugando por el debilitamiento del movimiento estudiantil respaldado por el Colegio de Profesores en demanda de profundas reformas a la educación chilena, es compartida por muchos analistas y opositores al gobierno derechista.

"Nosotros hemos estado buscando diálogo con los distintos actores estudiantiles, sean secundarios o universitarios, todo el tiempo y mucho más allá de las instancias públicas. Nuestra apuesta no es el debilitamiento del movimiento", dijo Bulnes la mañana del viernes en declaraciones a radio Cooperativa.

Sin embargo, apuntó a los sectores menos radicales del movimiento estudiantil para que presionen por un acuerdo y un entendimiento con el gobierno.

Bulnes instó a que "los sectores más flexibles, que están más preocupados de los costos que está significando para las propias instituciones y para los propios estudiantes, finalmente ejerzan un liderazgo y se impongan".

Agregó que han prevalecido los sectores "más intransigentes" y que resulta muy difícil conversar con ellos.

Bulnes, quien en pleno conflicto reemplazó en julio al removido ministro Joaquín Lavín, no ha logrado entablar un diálogo con los estudiantes y los maestros por la negativa primero a discutir el tema del lucro en los establecimientos financiados con aportes estatales y ahora por el rechazo a paralizar proyectos de ley tramitados en el Congreso y a extender el primer semestre escolar.

Los proyectos aumentan beneficios reduciendo los intereses a los créditos a estudiantes para financiar sus estudios y otorgan mayores becas a los sectores más pobres. Pero los estudiantes quieren paralizar su tramitación parlamentaria para participar en su texto.

Además de las masivas protestas, un par de decenas de estudiantes y padres de alumnos participan en huelgas de hambre, que en un colegio capitalino supera ya los 50 días.