La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió hoy en Bogotá la audiencia de imputación de cargos por espionaje ilegal contra María del Pilar Hurtado, exjefa de inteligencia asilada en Panamá, por lo que no se presentó a la citación, y Bernardo Moreno, quien fuera secretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

Un total de nueve magistrados, dos de ellos titulares y los otros en condición de conjueces, siguen esta vista, que tiene como eje la lectura del expediente sobre los hechos y cargos que la fiscal general, Viviane Morales, les ha imputado a ambos exfuncionarios.

Los conjueces sustituyen a siete letrados que se declararon impedidos por estar constituidos en víctimas de este proceso, es decir, pertenecen al grupo de magistrados, opositores, defensores de los derechos humanos y periodistas sobre los que se ejerció espionaje ilegal por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal).

El magistrado ponente es Fernando Castro Caballero, responsable del estudio de acusación a Hurtado y Moreno, dijo a Efe una fuente de la CSJ.

Hurtado fue directora del DAS de agosto de 2007 a octubre de 2008, y está radicada en Panamá, donde recibió asilo territorial en noviembre de 2010, por lo que será enjuiciada como reo ausente.

Entre tanto, Moreno ejerció como secretario general de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) durante el segundo Gobierno de Uribe, entre 2006 y 2010, y fue trasladado al Palacio de Justicia desde la guarnición militar en la que está detenido de manera preventiva.

Los dos son los más altos excargos de Uribe implicados en las escuchas y seguimientos ilegales por parte del DAS, trama por la que el exgobernante está siendo sometido a una investigación preliminar por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

El pasado 18 de mayo, en una audiencia previa ante el Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal colombiana les imputó cargos a Hurtado y a Moreno, y pidió que fueran detenidos.

La fiscal Morales concluyó que Hurtado pudo incurrir en "concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, peculado por apropiación, interceptación ilegal de comunicaciones y falsedad ideológica", así como de utilizar en forma indebida dineros públicos para soborno.

Y a Moreno le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.

Además de esta causa criminal, Hurtado y Moreno fueron sometidos el año pasado a un proceso disciplinario por parte de la Procuraduría General, que los sancionó con la destitución retroactiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 18 años.