El Parlamento boliviano, dominado por el partido del presidente Evo Morales, aprobó hoy una resolución que autoriza enjuiciar a los exmandatarios Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03) y Jorge Quiroga (2001-02) por haber admitido contratos petroleros supuestamente irregulares.

El vicepresidente del país y titular del Legislativo, Álvaro García Linera, informó en una rueda de prensa que la resolución fue aprobada por 115 de los 166 parlamentarios presentes en la sesión, que duró más de ocho horas.

"Ahora queda en manos del Tribunal Supremo de Justicia la investigación y la celeridad de este proceso tan importante para nuestro país", dijo el vicepresidente.

El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) acusa a Sánchez de Lozada y Quiroga de aprobar de forma irregular contratos con petroleras multinacionales y no enviarlos al Congreso para su validación, causando daños al Estado.

Con los exmandatarios, también serán enjuiciados los exministros Carlos Morales, Fernando Illanes y Jorge Berindoague, por los delitos de "resolución contraria a la Constitución, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento", según la resolución aprobada hoy.

En declaraciones a Efe, el senador opositor Marcelo Antezana, de la derechista Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional, criticó que el MAS "se haya salido con su capricho" de aprobar el juicio "contra todas las normas".

Lamentó que el oficialismo no haya tenido en cuenta los argumentos que expuso ayer Quiroga al Parlamento y criticó que se haya exonerado al expresidente Carlos Mesa, incluido inicialmente en la acusación oficialista.

Los parlamentarios rechazaron un recurso que presentó ayer Quiroga para evitar que se autorice el juicio, con el argumento de que se le quiere procesar ilegalmente, aplicando nuevas leyes con retroactividad.

Anticipándose al rechazo, el exmandatario dijo que no abrigaba esperanzas de que el recurso fuese admitido pero que debía "agotar las instancias internas" para recurrir a instancias internacionales.

Quiroga explicó al Parlamento que los contratos que firmó la petrolera estatal YPFB en su gestión no causaron daño económico porque no hubo en ellos inversión estatal, sino privada, y que tres de los cuatro campos no llegaron a operar.

También destacó que en el cuarto campo, operado por la francesa Total en el sureste de Bolivia, se avanzó hasta el descubrimiento de reservas de gas, hallazgo anunciado y celebrado en abril pasado por el mismo Morales porque incrementó las reservas de Bolivia de 9,94 a casi 13 billones de pies cúbicos.

La oposición asegura que Morales utiliza su creciente control de tribunales y fiscalías para perseguir a sus adversarios políticos y a funcionarios de anteriores Gobiernos, por lo que decenas de ellos han huido del país en los últimos años.