Venezuela se quejó el viernes ante la representante del gobierno estadounidense en Caracas por la decisión que tomó el Departamento del Tesoro de catalogar como narcotraficantes a un jefe militar y tres políticos oficialistas por su presunta colaboración con la guerrilla colombiana FARC en el tráfico de drogas y armas.

La Cancillería notificó el viernes a la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Kelly Keiderling, una "nota verbal" de protesta por la decisión que tomó el Departamento del Tesoro contra cuatro venezolanos, indicó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Keiderling fue citada a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores donde el vicecanciller para Asia y Medio Oriente, Temir Porras, le informó sobre la queja del gobierno venezolano, precisó AVN.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, catalogó el jueves en un comunicado de prensa a Amílcar Figueroa, representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano; el general del ejército Cliver Alcalá Cordones; el congresista oficialista Freddy Bernal, y el funcionario de inteligencia Ramón Madriz, como narcotraficantes.

El documento señaló a Figueroa como un "proveedor principal de armas y un contacto principal para los líderes de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) afincados en Venezuela", mientras que acusó a Alcalá de "usar su posición para establecer una ruta de armas por drogas".

A Bernal, quien además fungió como alcalde de la capital venezolana, lo señaló por "haber facilitado ventas de armas" entre el gobierno venezolano y las FARC; mientras que Madriz "ha coordinado seguridad" para la organización colombiana a la que Washington considera terrorista.

La designación está acompañada del congelamiento de bienes que estas personas puedan poseer en Estados Unidos, y prohibe a entes estadounidenses a realizar transacciones con los designados o sus bienes, tal como establece la ley de designación de cabecillas del narcotráfico extranjero (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), de diciembre de 1999, que declara quiénes o qué tipo de organizaciones son narcotraficantes en el extranjero para aplicar medidas financieras en su contra.

El canciller venezolano Nicolás Maduro condenó en la víspera la acción del gobierno estadounidense considerándola de "abusiva", y afirmó que estas nuevas acusaciones son parte de una agenda permanente de agresión de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Hugo Chávez.

"Esto forma parte de una agenda de agresión permanente contra Venezuela. Siempre en el espíritu de tratar de montar una especie de expediente que garantice escaladas superiores de agresión a nuestro país en el futuro", dijo Maduro a la AP durante un evento en un hospital de Caracas.

En 2009, OFAC emitió una medida similar contra el ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y los jefes de organismos de espionaje, el general Hugo Carvajal Barrios, y general en jefe Henry Rangel Silva.

Las misiones diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos permanecen sin embajador desde que Caracas retiró en 2010 el plácet concedido a Larry Palmer, quien dijo durante su proceso de confirmación en el Senado que la inteligencia cubana había infiltrado a las fuerzas de seguridad venezolanas.

En respuesta a esa medida Washington solicitó a Bernardo Alvarez que no volviera a la embajada cuando hubiera concluido la pausa decembrina.

Chávez ha mantenido tirantes relaciones con Estados Unidos desde que asumió el gobierno en 1999, pero las frecuentes fricciones no han afectado los estrechos lazos comerciales que tienen los dos países.