El gobernador de Florida, Rick Scott, tiene desde hoy diez días para ordenar de nuevo la ejecución de Manuel Valle, quien lleva más de tres décadas en el corredor de la muerte condenado por el asesinato de un policía en el condado de Miami-Dade en 1978.

Este nuevo plazo se establece después de que un tribunal de apelación estadounidense levantara la suspensión de la pena solicitada por sus abogados.

"Valle argumenta que los procedimientos de Florida sobre indulto se aplicaron indebidamente en su caso y que el esquema de la sentencia capital de Florida es inconstitucional y debe ser anulada", señaló el Tribunal Federal de Apelaciones de Atlanta.

Sin embargo, "el argumento (de Valle) carece de fundamento", concluyó el tribunal de apelaciones en una decisión emitida este jueves y a la que tuvo acceso hoy Efe.

La decisión añade que "es indiscutible que las leyes de Florida proporcionan los procedimientos de clemencia y de designación de un abogado".

Por ello, prosigue, "cualquier problema en la aplicación de procedimientos constitucionalmente adecuados en un sólo caso no haría que la totalidad de la pena capital de Florida fuera inconstitucional ni las penas de muerte impuestas fueran invalidadas".

Tras esta decisión, el gobernador de Florida cuenta ahora con diez días para ordenar de nuevo su ejecución, algo que ya hizo inicialmente para el pasado 2 de agosto, pero el Tribunal Supremo de Florida pospuso la decisión ante el temor de que una de las tres sustancias que se inyectan para realizar la ejecución, y que sustituía a otra retirada del mercado, pudiera provocar sufrimiento.

Posteriormente, la Justicia estadounidense aprobó la aplicación de esa sustancia, llamada pentobarbital, y el gobernador fijó el 6 de septiembre como nueva fecha de ejecución de Valle, quien había sido condenado a morir por disparar contra el policía Luis Peña, quien le detuvo en 1978 en un control de tráfico rutinario.

La semana pasada, la corte de apelaciones acordó estudiar un recurso de la defensa de Valle que reclamaba una audiencia de clemencia, pero el jueves dictaminó que no había lugar, alegando que se trata de una decisión que depende de la oficina del gobernador de Florida.

De aplicarse finalmente la pena, que aún está pendiente de apelaciones en otras instancias judiciales, el cubano se convertiría en el reo número 70 en ser ejecutado en Florida desde que se restableció esa condena en el estado en 1976, según datos del Departamento de Prisiones.