La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó el viernes la condena a 25 años de prisión al último dictador militar de Uruguay, el general retirado Gregorio Alvarez, por el delito de homicidio agravado.

A su vez, el máximo tribunal rechazó la petición fiscal de declarar ese delito como desaparición forzada de personas, un crimen de lesa humanidad.

Asimismo, se ratificó la condena a 20 años de prisión al capitán de navío retirado Juan Larcebau, informó a la AP el director de la oficina de comunicaciones del alto tribunal, Raúl Oxandabarat.

Informó que mientras a Alvarez se le configuraron 37 delitos de homicidio especialmente agravado a Larcebau se le sentenció por 29 homicidios.

Ambos están presos desde diciembre de 2007 y tras las apelaciones de rigor, llegaron a la instancia final ante la SCJ.

Al ser condenados por homicidios especialmente agravados, se reiteró la negativa a la fiscal Mirtha Guianze que introdujo una apelación para que estos delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) fueran declarados desaparición forzada y en consecuencia imprescriptibles.

El 1 de noviembre prescribirán todos los delitos cometidos durante el régimen de facto uruguayo al cumplirse el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1 de marzo de 1985, cuando se instaló el primer gobierno democrático tras la dictadura.

Alvarez, de 85 años, asumió el 1 de septiembre de 1981 la presidencia de facto tras pasar a retiro como comandante en jefe del ejército.

Alvarez y Larcebeau comparten la prisión con una veintena de uniformados retirados acusados de violaciones a los derechos humanos.

Unas 30 personas desaparecieron en Uruguay y otros 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina en el marco del llamado "Plan Cóndor" de coordinación de las de las dictaduras del Cono Sur.