La defensa del excomandante del Ejército general Juan Veliz Herrera, condenado el martes a 15 años y seis meses de prisión acusado de genocidio, dijo hoy que la sentencia fue injusta porque criminaliza a las Fuerzas Armadas de Bolivia como institución.

El abogado Germán Quiroz señaló hoy a Efe que su defendido Veliz y otros cuatro exjefes militares, que también fueron condenados, actuaron como soldados profesionales y en el ejercicio de un cargo constitucional durante los conflictos de 2003, en la segunda gestión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).

"Las Fuerzas Armadas con esta sentencia han sido criminalizadas", dijo Quiroz y agregó que el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General asestaron "un golpe" a la institución castrense.

Veliz Hererra y el general Roberto Claros fueron sentenciados a una condena de 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.

Todos están acusados de tener responsabilidad en el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta" por la muerte de más de sesenta personas durante la represión a una ola de protestas sociales antigubernamentales desatadas en octubre de 2003.

Quiroz dijo que no se ha probado quiénes son los autores directos de las muertes, pero se ha sancionado a los comandantes militares de ese año que tenían una orden de "restituir el orden público".

Subrayó que la presencia de Sánchez de Lozada en Bolivia es clave para saber qué órdenes dio a sus jefes militares y criticó, además, que ninguno de los líderes de las protestas haya sido enjuiciado porque fueron amnistiados por el presidente Carlos Mesa (2003-2005).

Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos desde octubre de 2003 cuando renunció a su cargo asediado por los conflictos sociales.

Sus exministros Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara fueron sentenciados a tres años de prisión acusados de complicidad en "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta", mientras el juicio quedó en suspenso para Sánchez de Lozada y ocho exministros que residen o están asilados en Estados Unidos, Perú y España.

En declaraciones a los medios, el excomandante del Ejército y senador opositor Marcelo Antezana opinó que tras esta sentencia, el presidente Evo Morales no podría recurrir a las Fuerzas Armadas contra una convulsión generalizada como la vivida en 2003.

Un portavoz de las Fuerzas Armadas dijo hoy a Efe que solo el comandante en jefe de la institución, el almirante Armando Pacheco Gutiérrez, puede pronunciarse sobre la polémica, pero él está fuera del país y regresará el próximo lunes.