Un asesino en serie fue sentenciado a muerte el viernes por los asesinatos de 11 mujeres de clase baja y por esparcir sus restos en su propiedad, horrores que conmocionaron a la ciudad y que derivaron en críticas a la policía por la forma de investigar delitos en barios pobres.

Anthony Sowell, de 51 años, con los ojos cerrados en ocasiones, estuvo sentado impasible mientras el juez Dick Ambrose — aceptando la recomendación del jurado que declaró culpable a Sowell de homicidio agravado — anunciaba 11 sentencias de muerte.

Los miembros del jurado, algunos limpiándose lágrimas del rostro, regresaron a la corte para escuchar. El juez tenía la opción de reducir la sentencia a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

El juez aludió a la conducta de insensible de Sowell, diciendo que dudaba que hubiera habido alguna reacción en él si se hubieran mostrado diariamente en la corte fotografías de las víctimas, como querían algunos familiares de éstas.

Sowell nunca miró a familiares de las mujeres asesinadas mientras éstos hablaban durante la audiencia de sentencia. No respondió al juez cuando le preguntó si quería hablar y tampoco lo tomó en cuenta cuando le pidió que firmara un documento legal.

"Esa es su personalidad", dijo posteriormente el abogado defensor Rufus Sims.

El también abogado defensor John Parker dijo que no tenía comentarios sobre la sentencia.

Por ley, la condena de Sowell y la sentencia de muerte serán apeladas automáticamente ante la Corte Suprema de Ohio. El proceso podría tomar 10 años o más, señaló Bill Mason, fiscal del condado de Cuyahoga.

Mason había rechazado antes una apelación de familiares de algunas de las víctimas para aceptar un acuerdo a fin de evitar la pena de muerte contra Sowell y así librarlos a ellos la dolorosa emoción de un juicio. Mason dijo que la comunidad necesitaba ver que el caso fuera a juicio.

Sowell fue arrestado en la Noche de Brujas (31 de octubre del 2009), dos días después de que la policía fue a su casa por una queja de agresión sexual y comenzó a encontrar cadáveres.

Fue a juicio en junio y fue condenado el 22 de julio por 82 cargos, incluidos homicidio agravado, secuestro, abuso de cadáver y alteración de evidencia.

Algunos familiares se quejaron de que la policía no había tomado seriamente las desapariciones de las mujeres, en parte porque algunas víctimas tenían antecedentes de drogas, de delitos, o habían desaparecido con regularidad. Después del descubrimiento de los cadáveres, el alcalde ordenó una revisión del manejo policial de casos de personas desaparecidas y de investigaciones sobre delitos sexuales.