Los gobiernos de Australia y Malasia se preparan hoy para hacer el primer intercambio del acuerdo que establece que el país oceánico enviará al asiático un total de 800 inmigrantes indocumentados y desde éste recibirá 4.000 personas a las que Naciones Unidas considera exiliadas.

Con este acuerdo, el Ejecutivo australiano intenta frenar el flujo de inmigrantes clandestinos por vía marítima hasta sus costas y poner de esta forma remedio a uno de los mayores asuntos que traen de cabeza a los partidos políticos australianos desde hace más de una década.

"Nadie podrá dudar de que este Gobierno resuelve sus problemas (...) después de ver estos acuerdos", sostuvo el ministro australiano de Inmigración, Chris Bowen, en conferencia de prensa.

El ministerio dirigido por Bowen informó de que una familia de refugiados birmanos acogida en uno de los campos ubicados en Malasia llegará la próxima semana a territorio australiano, con lo que así se iniciará la implementación de este acuerdo con Malasia.

Entretanto, una embarcación con 50 inmigrantes indocumentados a bordo fue hoy interceptada por patrulleras australianas cerca de las islas Christmas, en el Océano Índico, el segundo bote que intenta alcanzar las costas de Australia desde la firma del acuerdo bilateral, el pasado 25 de julio.

El portavoz de la oposición encabezada por el partido conservador australiano, Scott Morrison, denunció que la llegada de otro bote con inmigrantes hasta aguas de Australia significa que Malasia está incumpliendo su compromiso de evitar el tráfico de personas.

La mayoría de los inmigrantes ilegales que llegan hasta las aguas bajo la jurisdicción de Australia empiezan en Malasia el peligroso periplo de la mano de los traficantes y lo continúan a través del poroso archipiélago indonesio, formado por 17.000 islas.

El Ministerio australiano de Inmigración adelantó que la próxima semana enviará por su parte a Malasia al primer grupo de inmigrantes clandestinos compuesto por 55 personas, de las que 37 son adultas y 18 menores o aseguran serlo,

De este total, 14 personas consideradas menores viajarán hasta Australia "sin compañía" de padres, madres o familiares directos.

Unicef y otras agencias de Naciones Unidas calificaron el viernes de "crueles" e "inhumanos" los planes de Australia de deportar a menores de edad sin compañía, que fueron detenidos en su intento de buscar un futuro mejor en suelo australiano.

En respuesta a las críticas, la primera ministra australiana, Julia Gillard, dijo este fin de semana que su Gobierno trabaja junto a la ONU para proporcionar a los menores todas las "protecciones" acordadas con Malasia, y señaló también que la totalidad de las 4.000 personas que llegarán a Australia serán mayores de edad.

La senadora del partido Verde de Australia, Sarah Hanson-Young hizo un llamamiento de última hora para instar al Gobierno de Canberra a abandona su plan de enviar a personas menores de edad y sin papeles a Malasia.

"Tenemos un ministro de Inmigración que trata de ser lo más duro posible, incluso si los afectados son menores de edad", dijo la senadora a la prensa australiana.

Otro de los problemas que ha surgido al Gobierno australiano para continuar con el cumplimiento del acuerdo, es la huelga de hambre que ha emprendido un grupo de personas ingresadas en los centros de detención de inmigrantes con la finalidad de protestar e impedir su expulsión a Malasia, donde funcionarios de la ONU examinarán si son refugiados genuinos.

Al respecto, Gillard indicó que era "consciente" de que ni las huelgas de hambre ni protestas influirán en su determinación para seguir adelante con el plan establecido.

El plan, anunciado hace tres meses por la primera ministra australiana, persigue poner freno a la inmigración clandestina movida por las redes de tráfico de personas, pero ha generado duras críticas en Australia y hasta la aprobación de mociones de condena en el Parlamento y el Senado.

También el acuerdo bilateral ha sido criticado por organizaciones como Amnistía Internacional, que denunció que Malasia no ha firmado la convención para los refugiados de la ONU y que en sus centros de detención de inmigrantes se cometen abusos de los derechos humanos, incluida la práctica de la tortura.

Más de 5.000 inmigrantes, de acuerdo a los datos facilitados el pasado febrero por las autoridades australianas, aguardan a que se procesen sus solicitudes de asilo, que muchas veces son rechazadas tras varios meses de trámite.

Los inmigrantes indocumentados son llevados a siete centros de detención u otro tipo de instalaciones en los que sus movimientos están restringidos, generalmente en lugares aislados, y que en ocasiones son escenario de violentas protestas, principalmente lideradas por jóvenes procedentes de países como Afganistán o Irak.

Con estos cuatro millares de refugiados, el número de visados de tipo humanitario concedidos por Australia, ascenderá a 14.750, el mayor desde 1996, según el diario Sydney Morning Herald.