La Procuraduría General prorrogó el martes por otros tres meses la suspensión en el cargo del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, acusado de presunta omisión sobre millonarios contratos, con lo cual quedaron reducidas al mínimo sus posibilidades de retornar a dirigir esta ciudad.

El alcalde de Bogotá es el segundo funcionario de elección popular más importante del país después del presidente del país. Moreno fue suspendido por primera vez por decisión de la Procuraduría el pasado 3 de mayo.

Ya miembros del partido de Moreno, el Polo Democrático Alternativo, de izquierda, habían anticipado que el funcionario debía considerar renunciar no sólo para dedicarse a su defensa, sino porque el país encara elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, en octubre próximo. Los funcionarios elegidos en octubre asumen el 1 de enero.

Moreno ha rechazado la posibilidad de renunciar y niega haber cometido cualquier ilegalidad u omisión en vigilar el cumplimiento de millonarios contratos de obras públicas,

La extensión de la suspensión fue anunciada por el procurador general Alejandro Ordóñez en su despacho y al explicar que aún no se determinan todos los elementos de la investigación sobre la responsabilidad "disciplinaria" de Moreno en la ejecución de los contratos y poder tomar una decisión, por lo cual requiere de más tiempo.

Según las normas aquí, en estos próximos tres meses la Procuraduría --una instancia en Colombia encargada en velar por el bien del patrimonio público y puede aplicar sanciones como la suspensión o destitución de un funcionario-- deberá tomar una decisión definitiva en el caso del alcalde.

En caso de decidir sancionarlo, la Procuraduría puede fallar por una prohibición o inhabilidad de ejercer cargos públicos por varios años.

En el terreno penal, el suspendido alcalde encara a fines de este mes una audiencia en un tribunal y en el que la Fiscalía ha dicho que pedirá la detención del funcionario y le imputará cuatro cargos, entre ellos celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.

Si los juzgados lo declaran culpable, en un juicio que puede demorar varios meses, Moreno podría recibir una condena de seis años de cárcel.

El procurador Ordóñez dijo que si al cabo de estos tres meses de suspensión no ha emitido un fallo, las normas contemplan que automáticamente se levanta la suspensión.

No existe la posibilidad de otra extensión por parte de la Procuraduría, pero debido a que paralelamente avanza el caso en la Fiscalía, el margen para que Moreno retorne a su cargos es escaso.

La alcaldía está en manos de Clara López, quien había sido secretaria de gobierno de Moreno.

El hermano de Moreno, el ex senador Iván Moreno, está en prisión desde abril por supuestamente haber cobrado comisiones a empresas constructoras y así otorgarles los contratos de ejecución de obras en esta capital, de ocho millones de habitantes, primer centro electoral del país por su número de población y vitrina política para aspirantes a la presidencia.

Los hermanos Moreno, nietos del ex presidente colombiano Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), han negado incurrir en cualquier ilegalidad.

Según la Fiscalía, en los irregulares contratos para obras de infraestructura, como vías en Bogotá, el erario fue desfalcado en unos 2,2 billones de pesos (unos 1.222 millones de dólares)